El número de interceptaciones de frutas y hortalizas procedentes de países terceros con materias activas no autorizadas o con residuos por encima del límite legal (LMR) ha vuelto a aumentar en 2025, según revela el sistema europeo de alertas alimentarias. LA UNIÓ de Llauradors advierte que, entre enero y abril, se han contabilizado 311 interceptaciones, un 2 % más que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 304. Pese al leve descenso registrado en abril, la organización denuncia que la tendencia general es creciente y lamenta la inacción de las autoridades comunitarias.

Según el análisis realizado por LA UNIÓ, todas las materias activas rechazadas están prohibidas para los agricultores europeos o superan los límites permitidos, lo que supone, a juicio de la organización, una competencia desleal para el campo comunitario y un riesgo sanitario para los consumidores.

Entre los productos más afectados destaca el aguacate, cultivo emergente en la Comunitat Valenciana. Las alertas por residuos en aguacates han pasado de 3 en 2024 a 7 en 2025, lo que representa un aumento del 133 %, la mayoría vinculadas al uso excesivo de cadmio en partidas procedentes de Perú y Marruecos, principales exportadores al mercado comunitario. LA UNIÓ ya había denunciado el impacto del incremento de importaciones de aguacate sobre los precios en origen percibidos por los productores valencianos.

La organización considera especialmente grave que mientras la Comisión Europea impulsa la reducción del uso de cadmio en fertilizantes dentro de la UE, se sigan permitiendo importaciones de productos con esta sustancia activa desde países terceros. Por ello, propone a la Comisión aumentar los controles físicos e de identidad al 50 % para productos de los países con más alertas y ampliar el periodo de control a un año completo. Si en cualquiera de esos meses las alertas superan el 5 %, LA UNIÓ plantea que se suspendan temporalmente las importaciones del producto o del país afectado.

La organización reitera la necesidad de aplicar cláusulas de reciprocidad en los estándares de producción entre productos europeos e importados, criticando la falta de avances en la aplicación de las denominadas “cláusulas espejo”. Su secretario general, Carles Peris, advierte que la reducción de materias activas sin alternativas eficaces está debilitando la capacidad de los agricultores europeos para luchar contra plagas y enfermedades, mientras los productos importados siguen entrando sin los mismos requisitos.

Desde LA UNIÓ insisten en que los agricultores europeos asumen mayores costes y más exigencias para cumplir con las normativas comunitarias, mientras los productos importados no respetan esos mismos estándares, lo que mina la viabilidad de muchas explotaciones y la confianza del consumidor.