Ayer se presentó en el Ministerio de Agricultura, el inicio de los trabajos de la Estrategia Nacional de Alimentación, con la que el gobierno quiere garantizar alimentos sostenibles. El ministro de Agricultura, Luis Planas, recoge el testigo del presidente del Gobierno que, en noviembre, anunció que en esta legislatura trabajarían en esta estrategia.
Planas ha detallado que en el primer semestre de este año se han desarrollado los trabajos previos para definir el plan de trabajo y sus ejes estratégicos y que, ahora, se pone en marcha un proceso amplio de participación pública, “de escucha colectiva”, que confluirá en una herramienta útil para todos los eslabones de la cadena alimentaria y para la ciudadanía.
El ministro ha recordado que la agenda política internacional incluye ya entre sus prioridades la transición de los actuales sistemas alimentarios hacia modelos más sostenibles y asequibles. En el caso de Europa, la Agenda Estratégica 2024-2029 acordada el pasado 27 de junio por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión incluye entre sus objetivos la soberanía alimentaria. Además, está previsto que en esta nueva legislatura europea la Comisión presente una normativa sobre sistemas alimentarios saludables.
En un escenario de cambio climático, inestabilidad geopolítica y transformación tecnológica -ha remarcado- es necesario cambiar la forma de producir, comprar y consumir alimentos. Al mismo tiempo, es preciso garantizar los medios de vida de los productores primarios y de los actores de la cadena de suministros, para que obtengan retornos económicos justos y que generen nuevas oportunidades de desarrollo, según Planas.
Para España, que es una potencia agroalimentaria, el cuarto país exportador de la Unión Europea (UE) y el séptimo del mundo, con una producción muy diversa y modernizada, la estrategia nacional debe ser un eje transversal que conecte agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, salud, medio ambiente y los hábitos alimenticios.
Los objetivos de la estrategia pasan por garantizar el suministro constante y seguro de alimentos a la población mediante un sistema de producción que sea ambientalmente sostenible, económicamente rentable, y socialmente justo, y que a la vez fortalezca las comunidades rurales y fomente hábitos alimenticios saludables.
Pilares de la Estrategia
El MAPA ha establecido 6 pilares: seguridad alimentaria; sostenibilidad; revitalización de las áreas rurales; nutrición y salud; innovación y tecnología y, por último, consumidor.
El ministro ha reclamado la participación más amplia posible en el proceso de elaboración, de tal forma que la Estrategia Nacional de Alimentación sea lo más completa posible y, sobre todo, útil para todos los eslabones que forman parte del sistema agroalimentario español. “Queremos que todo el ecosistema alimentario, desde la producción hasta el consumidor, contribuya con su conocimiento y visión en su redacción”, ha recalcado.
Luis Planas ha indicado que se ha diseñado una metodología de trabajo en torno a la estrategia y a la que se podrán trasladar sugerencias y propuestas a través de un buzón de correo abierto (bzn-ena@mapa.es).
Una vez elaborado un borrador de texto, se someterá a procedimiento de consulta pública. El cronograma de trabajo contempla que el texto final pueda estar concluido en marzo de 2025.
Los objetivos que se han trazado no son nada nuevos porque desde hace más de 10 años se han repetido constantemente todos los años y etapas anteriores, y se han aprobado legislaciones para llevarlos a cabo. El problema está en que esas legislaciones no se aplican y se han obviado sistemáticamente por los que tienen el deber y obligación de velar por su cumplimiento. La consecuencia de su incumplimiento sistemático hace que los auténticos perdedores de esta situación han sido como siempre, los eslabones más débiles de la cadena alimentaria, por una parte, los productores, con unas rentas cada vez menores, consecuencia de la caída de los precios agrarios percibidos que no cubren sus costes de producción, y por otra parte el consumidor a los que no se les repercute esa caida de precios en origen. En este tema, aunque los medios de comunicación tengan fijación y se hable siempre del alza del precio del aceite de oliva -que por cierto se consumen una media de medio litro al mes por habitante, lo cual no puede distorsionar mucho el presupuesto familiar destinado a alimentación, y debido a una situación coyuntural como ha sido la mala climatología que ha ocasionado una merma de producción muy importante- pero no del hundimiento de los precios de los frutos secos especialmente la almendra, y otros productos limones, naranjas, etc. que a pesar de que han sufrido mermas muy importantes en la producción por las mismas causas, ello no ha repercutido en los precios percibidos por el productor, que se han hundido y con ello las rentas del agricultor. Esta situación de mercado, por lo que respecta al productor no se ha trasladado al consumidor, entre otras razones porque las grandes cadenas de distribución han incrementado o mantenidos sus márgenes -el caso más escandaloso es el de la almendra -al agricultor le pagan a 3 euros salida explotación que añadiendo 1 más por gastos de transformación (descascarado, repelado) resultan sobre 4-4,5 euros salida almacén transformador y el distribuidor en destino solo colocándolo en el estante o vendiéndolo a granel, se vende al consumidor a 11-13 euros y la mayoría procedente de California- coadyuvando con este comportamiento desleal a la ruina del agricultor y del consumidor. Lo esperpéntico es que en su página web algunas cadenas importantes de distribución alardeen de su politica de sostenibilidad y de su apoyo a los productores nacionales. Deben pensar que los productos que vienen de California, no traídos por productores sino por operadores comerciales con los que trabajan, no utilizan energía fósil en su transporte.
En esta coyuntura el agricultor y productor primario de alimentos se arruina -de aquí las manifestaciones habidas en toda Europa- mientras que el consumidor sufre un alza de precios injustificable, solo en parte, en los alimenticios que merman su renta disponible. Esta situación es la misma que ya se describía para el sector agrario en el libro de Estructura Económica de España, de Ramón Tamames publicado a principios de los 70 , y que todos los estudiantes de la rama agraria leimos y compartíamos con interés. Nada nuevo bajo el sol, y poco ha variado la situación desde entonces, a pesar de nuestra entrada en la UE y todos los recursos dedicados y lo importante sigue siendo como siempre: «decir menos y hacer más»: si no hay sostenibilidad económica no la habrá ni medioambiental ni social. La teoría parece que la saben porque es recurrente como se puede ver, pero la situación no debe fosilizarse y va camino de ello como no se tome la cosa en serio.
Lo que sí está claro es que las subvenciones tienen que ser más finalistas y orientadas sobretodo a los agricultores profesionales que viven exclusivamente de su actividad de cuyo mantenimiento depende la pervivencia de los núcleos rurales, y cito solo algunos grandes objetivos que son muy importantes para conseguirlo, uno, deben destinarse a incentivar y proveer de seguros agrarios que cubran con realismo unas rentas mínimas que permitan a los agricultores continuar su actividad caso de sufrir siniestros por causas meteorológicas; otro, facilitar el acceso al crédito a tipos de interés más bajos que los actuales, que todas las entidades aplican a pesar de que publiciten que están al servicio del campo, y destinados tanto para refinanciar deudas existentes como para nuevas inversiones; otro, que sirvan para estimular realmente esa sostenibilidad global que debemos conseguir por el interés de la subsistencia de nuestras explotaciones, y otro fundamental, remunerar el fruto de nuestra actividad garantizando unos precios mínimos y un reparto equitativo de valor a todos los eslabones de la cadena alimentaria (productor, industrial, operador comercial y consumidor) ya que muchas veces por causa de no trasladar los precios en origen al consumidor, el consumo se retrae como está pasando con la almendra. Para conseguir todo ello hace falta una Administración a todos los niveles territoriales mucho más eficiente, más implicada, técnicamente más competente y más conocedora del sector en el que actúa, menos burocrática, y mucho más agil, y que en cuanto a la investigación pública que se realice transfiera los resultados al sector cuando hayan sido suficientemente contrastados y experimentados.