FACUA-Consumidores en Acción insta al Gobierno a implantar, de una vez, un modelo de doble etiquetado, que ofrezca información a los consumidores sobre el precio en origen de los productos del campo junto al de venta al público, permitiéndoles conocer bajo qué condiciones y cuánto se está pagando a los productores.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ayer, en la sesión de control al Ejecutivo, a “fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria“, aunque sin aclarar cómo, que entró en vigor en 2023. Los agricultores vienen denunciando la ausencia de inspecciones suficientes para detectar prácticas ilegales de imposición de venta a pérdidas, además de la ridícula cuantía de las pocas sanciones que trascienden.
En este sentido, FACUA incide en que una de las formas de fortalecer dicha normativa es que se dote a los consumidores de mecanismos que les permitan intervenir de forma efectiva en la cadena alimentaria, al poder tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen. Para ello, resulta imprescindible que se les informe con la mayor transparencia y de forma adecuada sobre los alimentos que adquieren, los procesos de formación de precios, las diferencias de origen-destino, el lugar de origen o las condiciones en que se han producido.
Así, los últimos análisis de la asociación han puesto de relieve que determinados alimentos básicos se encarecen hasta en un 875% en los supermercados con respecto a su precio de origen. Una información que, actualmente, no llega al consumidor final, impidiéndole conocer qué empresas inflan más sus márgenes de beneficio y cuáles castigan más al sector primario obligándoles a ajustar excesivamente sus precios.
La imposición de un doble etiquetado es una reivindicación FACUA viene reclamando a los sucesivos gobiernos. Durante el desarrollo de la actual Ley de Cadena Alimentaria, la asociación ya instó al Ejecutivo a que introdujera esta medida, además de haber solicitado su implantación al Ministerio de Agricultura en diversas ocasiones.
Subidas ilegales de márgenes
Por otro lado, FACUA también insiste en la urgente necesidad de crear mecanismos de control y sanción de aquellos grupos empresariales que están llevando a cabo subidas de márgenes ilegales en alimentos con el IVA rebajado.
De nuevo, los estudios de la asociación han revelado que, durante el último año, se han producido en diversos productos subidas de precios que no se corresponden con aumentos en los costes de producción.
FACUA trasladó estos datos al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, al que insiste en reclamar la apertura de una investigación que derive en sanciones contra las empresas que están inflando sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida en los alimentos con el IVA rebajado.
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