El Consejo de Ministros ha tomado razón este martes de la declaración de emergencia de la fase 1 para la reparación de daños en el cauce e infraestructuras hidráulicas dañadas en la cuenca del Tajo tras las inundaciones registradas en septiembre por la DANA.
Las actuaciones se han tramitado mediante el régimen excepcional de emergencia previsto en la Ley de Contratos del sector Público, con un presupuesto de un millón de euros, financiados por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al MITECO, continúa con las actuaciones de restauración de los cauces que resultaron más afectados, principalmente en la zona centro y oeste de la cuenca del Tajo (río Alberche y tributarios, Guadarrama y tributarios, Ramabujas y Degollada, entre otros).
Inicialmente, se llevó a cabo un trabajo de valoración de afecciones y daños, centrado principalmente en aquellos cauces con un mayor riesgo de disminución de su capacidad hidráulica, dado que, por la época del año en la que nos encontramos, no es posible descartar que puedan repetirse precipitaciones que generen otra vez caudales importantes en el río Tajo o sus afluentes. Se han identificado afecciones importantes en cauces de municipios de las provincias de Toledo (30), Madrid (14), Guadalajara (2), Cáceres (1) y Ávila (1).
Las actuaciones incluyen fundamentalmente la retirada de tapones en puentes y el movimiento de sedimentos en zonas colmatadas, siendo la situación actual de los trabajos la siguiente:
- Madrid: finalizados los trabajos en zona urbana y no urbana del municipio de los Álamos, y continúan en desarrollo en los municipios de Villamanta y Aldea del Fresno.
- Toledo: finalizados los trabajos en el municipio de Yuncler, y en desarrollo las actuaciones en los municipios de Yunclillos, Magán y Mascaraque.
La magnitud de la catástrofe, así como las graves afecciones que se producirían en el caso de no actuar, justifican el cumplimiento de los requisitos establecidos para usar la tramitación de emergencia en el desarrollo de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo con este proyecto.
De acuerdo con la normativa vigente (art. 28.4 del Plan Hidrológico Nacional), las actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces públicos en zonas urbanas corresponden a los ayuntamientos. La CHT otorga cada año unas 400 autorizaciones a este respecto y además dedica una importante inversión a actuaciones propias de conservación y mantenimiento de cauces (5,4 millones en 2022) en tramos de ríos fuera de zonas urbanas.
Los daños generados por este tipo de episodios están muy vinculados, en muchos casos, al desarrollo de una inadecuada ordenación del territorio, que ha conducido a la eliminación de las llanuras de inundación de los ríos y al confinamiento de los cauces, de forma que apenas admiten las crecidas ordinarias, siendo totalmente insuficientes ante situaciones extraordinarias.
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