El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido con sus homólogos de Bélgica y de Hungría, para preparar la presidencia del Consejo de la Unión Europea entre el 1 de julio de este año y el 31 de diciembre de 2024, año y medio en el que los tres países la ostentarán de forma sucesiva.

El trío de presidencias es un método de trabajo creado en el Tratado de Lisboa en 2009 por el que los tres Estados a los que corresponde ejercer la presidencia de turno en un horizonte de 18 meses elaboran un programa común con los temas y principales asuntos que abordará el Consejo en dicho periodo. España ocupará la presidencia de la UE en el segundo semestre de este año y le sucederán Bélgica, en el primer semestre de 2024, y Hungría, en el segundo de ese año.

El ministro español ha destacado que en esta agenda común hay dos asuntos que van a ser fundamentales: la seguridad alimentaria y el seguimiento de la evolución de los mercados como consecuencia de la guerra en Ucrania y de cuestiones como la sequía, que afecta al conjunto de Europa.

Luis Planas ha reiterado que la estrategia autónoma europea abierta va a ser uno de los elementos que de forma más consistente defenderá España durante su turno de presidencia, porque es fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos y porque marca también las relaciones de la Unión Europea con terceros países.

Los tres ministros han coincidido en situar como gran objetivo de la Unión Europea para su trío de presidencia garantizar la seguridad alimentaria y la protección de la salud y del medio ambiente.

El ministro ha mencionado otras cuestiones que forman parte de las prioridades españolas para la presidencia durante el segundo semestre de 2023 como la aplicación de las nuevas tecnologías para conseguir una agricultura más resiliente al cambio climático, que será el tema principal del Consejo Informal de Ministros que se celebrará en Córdoba en septiembre.

En cuanto a expedientes que deben tramitarse y que en algunos casos seguirán sobre la mesa durante los semestres siguientes ha señalado la revisión de la legislación sobre bienestar animal, del reglamento sobre Indicaciones Geográficas protegidas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, o las normas de etiquetado y comercialización de productos.