La organización agraria ASAJA ha podido comprobar que algunas entidades locales, como el Ayuntamiento de Sena de Luna, ha excluido de participación en subastas de pastos a solicitantes que son figuras asociativas sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, ciertas sociedades civiles, y las titularidades compartidas de explotaciones agrarias. Basan esta decisión en la Ley de Contratos del Sector Público, que limita la posibilidad de contratar a personas naturales o jurídicas.

ASAJA ha detectado que esta decisión, que desconoce con exactitud en cuántos ayuntamientos y juntas vecinales se está llevando a cabo, se ha adoptado después de que el pasado año la Diputación hiciese lo propio al arrendar terrenos rústicos de su propiedad en Bustillo del Páramo, dejando fuera de la licitación a titularidades compartidas y comunidades de bienes. Parece ser que también el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de León (SAM), área que compete al vicepresidente primero de la institución, Matías Llorente, está asesorando en este sentido.

ASAJA no puede entender cómo es posible que una figura asociativa como es la de titularidades compartidas, de las que la provincia de León está a la cabeza en toda España, que ha sido promovida por una Ley e impulsada por todas las políticas agrarias, es ahora torpedeada por las administraciones locales, causando el mayor de los perjuicios posibles para un agricultor o ganadero: dejarle sin tierras o sin pastos.

ASAJA hace un llamamiento a todas las administraciones públicas, incluidos ayuntamientos y entidades locales menores, para que se aplique coherencia en todas las políticas que redunden en el sector agrario, para que no se perjudique ningún modelo asociativos  ya que a todos ellos hay que promocionarlos, y en particular para que no se perjudiquen a las titularidades compartidas que tienen como principal objetivo promover la incorporación de la mujer al campo y a la toma de decisiones empresariales.

En cuestiones legales, ni todo es blanco, ni todo es negro

Distinto a lo que opina el SAM de la Diputación de León, opina por ejemplo el Servicio de Asesoramiento y Asistencia a las EE.LL. de la Diputación de Badajoz, que concluye en un informe al respecto de esta materia en que “las SC (entendemos que con igual razonamiento las TC) que no mantenga secretos los pactos entre sus miembros tienen personalidad jurídica y, teniendo entre objeto social, lo que sea objeto del contrato (en nuestro caso vinculación actividad ganadera y contratación de pastos), podrán contratar con el sector público, y por ende, con las corporaciones locales”.

ASAJA achaca a un exceso de celo que entidades locales que están poniendo estas normas, siendo generosos, cuando no a una mano política para expulsar de las subastas a quienes no interesan, todo en un momento de escasez de la superficie de pastos y gran presión de los ganaderos para hacerse con terreno para  pastorear y para cobrar las ayudas de la PAC.