El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha constatado una reducción de los recursos hídricos disponibles en todo el país, en la inauguración del XII Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. En concreto, ha mencionado que los nuevos planes hidrológicos recogen reducciones en las asignaciones de recursos a los distintos usos para las diferentes demarcaciones intercomunitarias: “Supone pasar de los 28.000 hectómetros cúbicos al año que figuraban en los planes de segundo ciclo a los 26.300 hectómetros cúbicos al año” recogidos en los planes de tercer ciclo. “Debemos modificar nuestra forma de relacionarnos con el agua”, ha apuntado también el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Morán ha aplaudido la apuesta de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), organizadora del congreso, por elegir Murcia como sede de la duodécima edición y por la materia de debate, las aguas de transición y costeras: “Dar al mar no es el morir, es completar el ciclo”. El secretario de Estado ha reconocido asimismo la labor de la Fundación Nueva Cultura del Agua por su compromiso en la “estructura de cooperación que necesita este país” y ha alabado el “alto nivel de conocimiento” de las personas participantes en las jornadas.
La participación de Hugo Morán en el congreso ha despertado mucho interés mediático tras la aprobación de los caudales ecológicos, como exige la Directiva Marco del Agua, para el río Tajo, lo que se traducirá en una menor cantidad de agua para el trasvase Tajo-Segura en los próximos años. Según Morán, “el impacto en la disponibilidad de agua no depende de los caudales ecológicos que tenga establecidos cada cuenca, sino de la evolución del clima y de la meteorología”.
Ante las preguntas de los medios, Morán ha asegurado que “todas las cuencas hidrográficas están en igualdad de condiciones”, al incorporar “un criterio de normalidad en la regulación de la totalidad de las cuencas hidrográficas”. Por ello, considera que el Ebro, el Guadalquivir, el Segura, el Tajo o el Guadiana disponen de unos mecanismos de gestión razonablemente equiparables, por lo que la ciudadanía puede estar segura de que “no hay diferencia de tratamiento en función de que residan en un territorio u otro”.
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