Castilla y León quiere reducir los impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer el proyecto de Ley de Rebajas Tributarias en la Comunidad Autónoma para dinamizar la actividad económica, la inversión y el consumo, así como facilitar la creación de empleo e impulsar la recuperación económica. Permitirá la bajada del primer tramo del IRPF en un 5,3 %, lo que colocará a Castilla y León como la segunda Comunidad con el tipo mínimo más bajo de este impuesto.

Además se pondrán en marcha una serie de medidas fiscales. Las más relacionadas con el mundo rural, son las siguientes:

• Reducción del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados en la transmisión de explotaciones agrarias: con el fin de estimular la continuidad de la actividad agraria y el relevo intergeneracional, se aplicaría un tipo reducido del 4 % (frente al 8% general o el 10% incrementado) en la transmisión de explotaciones agrarias para aquellas personas que ejerzan la agricultura profesional y cumplan los requisitos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias.

• Reducción del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados a la adquisición de inmuebles que se destinen a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural cuando esta adquisición esté vinculada a la creación de empleo: con el fin de atraer empresas al medio rural, se aplicaría un 2% con respecto a la reducción al 3% que se introdujo en 2021 (el general es el 8% y el incrementado es el 10%).

• Bonificación del 100% de la cuota para los arrendamientos rústicos de forma que se equiparase su tributación a la de los arrendamientos de inmuebles urbanos.

• Bonificación del 100 % a la tasa general por licencias de caza y pesca, así como a la específica de caza con galgo desde la entrada en vigor de la ley y durante el ejercicio 2023.

• Bonificación del 100 % de las tasas por la prestación de servicios veterinarios, desde la entrada en vigor de la ley y durante tres meses.