LA UNIÓ de Llauradors exige que se dé una solución inmediata a la confusión existente por las quemas agrícolas y reitera que instará a la desobediencia si finalmente se prohíben, porque solo se dispone de lo que queda de mes para deshacerse de los restos de poda en las explotaciones agrarias.
Del mismo modo, la organización profesional agraria reclama a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que destituya al o los responsables de esta que no alegaron contra la nueva Ley de ámbito estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y que deja en el aire la posibilidad de quemar con dos artículos bien diferentes, en uno la prohíbe y en otro la exime. Por ejemplo, el artículo 3, 2.e), señala que esta Ley no se aplica a la paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.
“Alguien en Madrid dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha legislado sin conocer la realidad agraria y algunos en València dentro de la Conselleria de Transición Ecológica no han sabido frenar a tiempo este desaguisado y por tanto no han defendido convenientemente los intereses de los agricultores valencianos, por lo que habría que depurar responsabilidades”.
Cabe señalar que, como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa autonómica en prevención de incendios y por ello quedan pocos días para deshacerse de los restos de poda, dejando en una clara situación de indefensión a numerosos agricultores justo en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica. En este sentido, hay localidades de la Comunitat Valenciana que se están acogiendo a esa supuesta prohibición de las quemas de la Ley de Residuos y las han prohibido, mientras que otras sí las están autorizando.
LA UNIÓ considera que no se puede publicar una normativa y prohibir alguna de las actuaciones contempladas de la noche a la mañana. Por ello la organización aboga por establecer un periodo de transición y adaptación de unos cinco años mediante el cual se realice un debate público y participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo.
Además, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, responsable última de todo este asunto, echa balones fuera y traslada la problemática a las comunidades autónomas instando a pedir certificados fitosanitarios para poder quemar, “algo totalmente impensable en la Comunitat Valenciana que convertiría en un interminable suplicio burocrático para los agricultores con cada permiso solicitado y colapsaría también los servicios de la Conselleria”, asegura Peris.
LA UNIÓ continúa insistiendo que los restos de poda son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación y nunca pueden ser considerados como un residuo que sí queda sujeto obligatoriamente a su tratamiento posterior en una planta. “Una vez más se nos trata de imponer una norma emanada desde los despachos de Madrid, sin tener en cuenta la realidad del campo que es muy dispar según comunidades autónomas y cultivos. Hay que trabajar con los territorios y no a espaldas de ellos buscando el enfrentamiento absurdo e innecesario entre el mundo urbano y rural”, insiste el secretario general de LA UNIÓ.
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