Preocupación sobre el impacto de la ley de la cadena en las exportaciones

La Ley 12/2013 de la Cadena alimentaria tuvo su última reforma en diciembre pasado. Ha supuesto la trasposición de la directiva 2019/633 sobre prácticas comerciales, pero incluye más modificaciones, según se ha puesto de manifiesto en un webinar organizado por FEPEX en colaboración con Garrigues.

Se ha ampliando el ámbito de la Ley en tres aspectos, que realmente suponen tres ampliaciones:

• Ha habido una ampliación a nuevos sectores que antes no estaban incluidos en la Ley como el sector de flor y planta viva. La ley ha ensanchado el concepto de producto alimentario.

• Ha habido una ampliación a nuevas transacciones. Antes solo afectaba a las transacciones comerciales entre compradores y vendedores y a partir de ahora, además afectará a sectores que también compran productos alimentarios como hotelería y restauración.

• Ha habido una ampliación del ámbito territorial, afectando al comercio exterior. Este es uno de los aspectos que más preocupa al sector productor y exportador agrupado en FEPEX, ya que la Ley obligará a los operadores, cuando no resulte de aplicación la legislación de otros EEMM, a someterse a obligaciones documentales y responsabilidades que no son exigidas en las relaciones comerciales entre otros EEMM de la UE ni con países terceros competidores, como la obligación de la contractualización.

Otro de los puntos que más inquieta en Fepex es el de la fijación del coste efectivo de producción y en especial el articulo “12 ter», que exige que “cada operador de la cadena alimentaria deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador”. Se plantean dudas cómo quién debe demostrar el coste efectivo de producción, qué pasa si el precio pactado en un contrato deja de tener valor porque cambian los costes o la situación del mercado…

Preocupa también la creación del registro digital de contratos alimentarios que contempla la Ley a partir de 2023 y que obligará a incluir todos los contratos alimentarios que se firmen en este Registro, al que en principio sólo podrán acceder la AICA, generando dudas sobre la confidencialidad.

Por su parte, el director de FEPEX, Jose María Pozancos, que condujo el webinar, avanzó algunos de las incertidumbres que están surgiendo ante la aplicación de la Ley, porque la obligación de que el precio pactado cubra el coste efectivo de producción, cuando los costes de producción en España sean superiores a los de la competencia en un determinado mercado puede generar graves distorsiones en las relaciones comerciales, a las que la Ley no da respuesta. Fuente: Fepex