El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, abrió ayer, la ronda de comparecencias en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados con motivo de la incorporación a la normativa española de la Directiva 633/2019, de 17 de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Están previstas las comparecencias de los representantes de los agricultores y ganaderos, así como del resto de agentes de la cadena alimentaria, en dicha Comisión para realizar las aportaciones que consideren oportunas, una vez que ya se han incorporado las observaciones de los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social (CES) y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Precisamente, la CNMC alertó ya en septiembre al Gobierno de uno de los puntos más controvertidos de la norma: la obligación de que los precios de los contratos alimentarios cubran los costes de producción, algo que no ha quedado bien definido en la ley.

Según la CNMC, esa condición puede provocar una mayor complejidad en los contratos por la necesidad de concretar el cálculo de costes, y favorecer la utilización de índices comunes como referencia sobre los costes, lo que puede llevar a un alineamiento de precios.

La actual ley no aclara a quién corresponde -comprador o vendedor- la responsabilidad de comprobar el verdadero coste de la producción en la transacción comercial, lo que afectaría a la seguridad jurídica en la operación comercial.

Además, según está establecida la ley, los productores españoles no podrán vender hasta que el precio del mercado esté por encima del coste de producción, «una situación que da ventaja a mercados competidores de terceros países, como Marruecos, que tienen unos costes de producción muy bajos», según reconoce Luis Miguel Fernández, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL).

Además, según está planteada la Ley se puede producir una guerra de precios a la baja para poder vender dentro de lo estipulado lo que finalmente beneficiará no al eslabón más débil de la cadena, que es el productor, sino a las grandes superficies y centrales de compra, que optarán por el producto extranjero al tener mejor precio, razona el gerente de COEXPHAL.

Aunque la nueva Ley de la Cadena persigue, según enfatiza el ministro del ramo, Luis Planas, «aumentar la seguridad jurídica, facilitar la planificación empresarial y reforzar comercialmente a agricultores y ganaderos… y conseguir que remunere adecuadamente a todos sus eslabones”, desde el sector comercializador y como ya sugirió la Comisión de Mercados y de la Competencia, tendrá un efecto contrario.