La consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, ha cerrado un acuerdo con sus homólogos de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía para exigir al Gobierno estatal que «destine una partida de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea a realizar inversiones que mejoren la depuración en Castilla-La Mancha y Madrid para resolver los problemas del Tajo».

Mollà ha reivindicado que el mal estado del río es consecuencia de «la mala depuración» y ha rechazado el incremento del caudal ecológico del Tajo, una medida «injustificada y arbitraria que compromete el abastecimiento y el riego en un tramo donde el río está sano».

La consellera se ha expresado así tras el encuentro celebrado por videoconferencia con sus homólogos de la Región de Murcia, Antonio Luengo, y de Andalucía, Carmen Crespo, y ha señalado que los estudios señalan los «puntos negros» del río a partir de la desembocadura del Jarama, en el entorno de Madrid y Toledo.

Frente al aumento de los caudales ecológicos, la Conselleria defiende «mejorar la depuración y la regulación de las aguas depuradas para su uso con fines ambientales en el ámbito de la demarcación hidrográfica, concretamente en el área metropolitana de Madrid», una alegación que han presentado al Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico del Tajo. La modificación del caudal ecológico supondría un descenso significativo en las transferencias del Tajo-Segura al sur de Alicante estimadas en un 20% del volumen.

El encuentro pone de relieve la postura compartida de las tres comunidades autónomas en la necesidad de una mejora de la calidad del agua en los tramos del Tajo Medio, y el acuerdo para defender conjuntamente en Madrid las aportaciones presentadas al Esquema de Temas Importantes y el respeto a los criterios técnicos de explotación del trasvase.

«Los Fondos Europeos de Recuperación son una oportunidad para realizar inversiones ligadas al desarrollo, la protección del medio ambiente o la vertebración de territorios», unos objetivos que encajan con el cumplimiento de la Directiva 271/91 de Depuración de aguas residuales urbanas, traspuesta al ordenamiento jurídico español por Real Decreto Ley 11/1995.

«La protección del río está garantizada con los criterios actuales del esquema de temas importantes del Tajo. Cualquier alteración de esas reglas produciría daños que no protegen el río y generan perjuicio en el sistema productivo, en el regadío y en la Comunitat Valenciana», ha subrayado Mollà, que ha instado al Ministerio a «atacar el foco de problema».

Los tres representantes han expresado su rechazo a cualquier intento que altere las reglas de explotación, aludiendo así también a la intención de Castilla-La Mancha de doblar el mínimo de reservas que han de existir en los embalses de cabecera del Tajo y colocarlo en 800 hectómetros cúbicos, justo el doble de los 400 actuales.

El celebrado este miércoles es el segundo encuentro de Mollà con el consejero de Murcia en las últimas dos semanas, un frente común al que en esta ocasión se ha unido también la consejera de la Junta de Andalucía.