La Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha remitido sus alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Aguas del Gobierno de Castilla-La Mancha, actualmente en periodo de exposición pública, por ser «contrario a Derecho e invadir competencias estatales».
Las alegaciones de la Conselleria, consensuadas, coincidentes y compartidas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), reclaman la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda de la nueva legislación en trámite. Estos apartados del articulado «exceden las competencias de la Administración autonómica, además de incluir exigencias que conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», según responsables de la Conselleria.
Concretamente, la disposición adicional segunda «somete el acuerdo y ejecución de las cantidades hídricas transferidas por el comité técnico de explotación, a un informe preceptivo no vinculante pero obligatorio por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha».
La Conselleria considera que «este pronunciamiento entra en conflicto competencial con lo recogido en el artículo 149 de la Constitución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una comunidad autónoma», así como con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
La nueva exigencia, además, «ralentiza los tiempos al establecer un plazo de 15 días -posterior al dictamen de la transferencia proyectada por la comisión técnica- para elaborar el citado informe», según la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.
La consellera ha señalado que la nueva ley que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha «es un intento más de manipular las reglas de explotación» y ha expresado su «total oposición a cualquier propósito que altere y comprometa el agua en el sur de la Comunitat Valenciana».
La primera disposición adicional también puede considerarse como una «apropiación de competencias estatales», dado que «permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la gestión y control de los caudales de la cabecera del Tajo, de cuyos niveles depende la transferencia hídrica, modificando así lo establecido en el Memorándum Tajo-Segura».
El anteproyecto señala entre sus objetivos «garantizar la intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma», una declaración de intenciones que fundamenta las alegaciones presentadas y compartidas por la Conselleria y el colectivo de regantes.
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