La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL, ha mostrado su decepción tras la reciente reunión mantenida a través de videoconferencia con el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero y con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), representada por su directora Gema Hernández e inspectores de la misma, sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, y que se realizó a instancia de Hortiespaña, de la que es miembro COEXPHAL.
Su gerente, Luis Miguel Fernández, considera que “el establecimiento de precios mínimos ligados a los costes de producción de productores y empresas de comercialización conduce a la indefensión y a la pérdida de competitividad, beneficiando a los competidores exteriores”.
COEXPHAL cree, como consecuencia del traslado de la directiva europea de “prácticas abusivas comerciales” a la normativa nacional de la ley de la cadena española, que existe una buena oportunidad para conseguir un consenso para la aplicación de dicha ley, como ocurre en otros países europeos como Francia.
Actualmente, COEXPHAL está preparando las oportunas alegaciones a la propuesta de modificación que se encuentra en trámite de audiencia hasta el 22 de julio. Por lo tanto, se espera un periodo de negociaciones con las diferentes asociaciones y organizaciones agrarias nacionales para consensuar esta reforma de ley para llevar al Congreso de los Diputados el próximo otoño.
Advierte Fernández que “la ley en cuestión aún no ha sido consultada a la Comisión Nacional de la Competencia”, el organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional. La consulta a este organismo puede ser importante para determinar el cumplimiento de la legalidad en los intercambios comerciales en un mercado abierto.
Por otro lado, COEXPHAL, apoya la propuesta realizada por el presidente de HORTIESPAÑA, Francisco Góngora, en la reunión de ayer, de aplicar una moratoria sobre la aplicación de la nueva ley, lo que propiciaría un escenario de normalidad, que atajaría la indefensión actual y permitiría el debate sosegado entre todos los agentes implicados en busca de una ley efectiva para el sector más importante en estos momentos para la economía de España.
El responsable de la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas ha advertido sobre la inseguridad jurídica que invade a los agentes de la cadena en este momento. Por eso considera que dejar sin efecto transitoriamente el Decreto Ley aprobado en febrero puede ayudar a arrojar luz sobre un asunto clave para el futuro de un sector estratégico para España y Europa.
Desde la AICA se ha reconocido que la crisis provocada por el coronavirus ha dificultado las relaciones con el sector, impidiendo dar los pasos necesarios para comunicar requisitos y criterios de la ley como les hubiera gustado hacerlo.
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