Los sobrecostes derivados de la insularidad son un lastre para el sector agrario y ganadero de las Islas Baleares. Así consta en “La agricultura y la ganadería, en un punto de inflexión. Informe para el reconocimiento de la insularidad dentro de la futura PAC”, un documento que ya se ha entregado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es el primer paso para conseguir que la nueva PAC del periodo 2021-2027 incluya el factor de la insularidad para las Baleares.
El informe pone de manifiesto que los sobrecostes de la insularidad suponen 37.999.124 euros anuales para el sector. Es decir, representan el 26,39 % del valor total de la agricultura y la ganadería de las Islas Baleares. Así, por ejemplo, el coste de los piensos compuestos es un 64,6 % más caro en las Baleares que en la Península; el coste de los fertilizantes, un 17,46 % más caro y el coste del gasóleo a las Balears, un 8,8 % superior al de la Península.
A la vez, los precios sufren una tendencia a la baja debido a la opacidad de la cadena alimentaria. Así, por ejemplo, el precio del cordero es un 17,18 % inferior al de la Península. La insularidad condiciona la rentabilidad de las explotaciones y fuerza el precio de los productos a la baja. Mediante la metodología ECREA (Estudios de costes y de rentas en explotaciones agrarias y ganaderas), que define el Ministerio, se han calculado los sobrecostes de los principales subsectores productivos del sector agrario y ganadero de las Baleares. Para mencionar algunos ejemplos, el almendro de secano cuesta 138,96 euros/ha más en las Baleares que en la Península; el coste de producción de la oliva para almazara en regadío es 341 euros/ha más caro; o la cría de vacuno de leche, que comporta un sobrecoste por animal de 1.133,23 euros respecto al de la Península. Los sobrecostes derivados de la insularidad, por lo tanto, condicionan en gran modo el futuro del sector.
Por eso, en el marco de la negociación con el Ministerio, se han hecho una serie de propuestas, como son establecer un valor de los derechos de pago básico para las Baleares coherente con la estructura de costes y la renta de las explotaciones, configurando una región insular balear; definir dentro de las zonas con limitaciones geográficas específicas una de específica de “zonas insulares”; mantener pagos asociados que prevean la insularidad en su cuantificación; buscar un sistema que compense los sobrecostes del transporte de entradas básicas para la producción agraria y agroalimentaria; buscar una solución para los pequeños agricultores pluriactivos; o una mayor dotación del Programa de Desarrollo Rural (PDR), entre otros.
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