El consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, se reunió ayer en Valladolid con diferentes representantes de la distribución: el director general de la Asociación Española de Distribución, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García, y su secretario general técnico, Felipe Medina; el secretario general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Ángel Mingo; y la secretaria técnica de la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl), Isabel del Amo.
En el marco de la inestabilidad comercial y de precios que en los últimos días vive el sector agrario, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de la Cadena Alimentaria, está centrando sus esfuerzos en velar por el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, mediante el control, vigilancia y denuncia de posibles prácticas abusivas. Otro de sus cometidos se basa en la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a las relaciones contractuales entre productores y compradores y la instrucción de expedientes sancionadores, en su caso.
Además, existe una estrecha colaboración con la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), coordinando con ella sus actuaciones en materia de inspección, instrucción de expedientes y formación específica para funcionarios.
Formalizar las relaciones comerciales en contratos agrarios
En esta línea, recientemente, la propia Dirección de la Cadena Alimentaria ha dado un importante impulso a la Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios en Castilla y León.
Este organismo ha aprobado, hace apenas un mes, la cláusula de sometimiento a arbitraje y mediación de las polémicas que puedan surgir entre las partes contratantes de los contratos agrarios. Una cláusula que es esencial, junto con la difusión entre los operadores de la cadena de valor alimentario de la necesidad de formalizar en contratos agrarios las distintas relaciones comerciales que tengan lugar entre ellos, para facilitar el cumplimiento de los principios y pautas recogidas en el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria.
Para que el objetivo de esa cláusula pueda verse cumplido, es absolutamente necesario disponer de unos árbitros y mediadores perfectamente formados en derecho agrario. Por esa razón, la Dirección General está coordinando sus esfuerzos con las secciones que componen la Junta de Arbitraje y Mediación para conseguir que el próximo mes de abril se celebren sendos cursos de formación dirigidos a árbitros y mediadores.
A partir de ese momento, los diferentes operadores de la cadena alimentaria podrán disponer de todos los resortes necesarios para formalizar sus relaciones comerciales en un contrato agrario. Esto permitirá conseguir uno de los objetivos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que es lograr un adecuado equilibrio dentro de la cadena alimentaria, con una especial protección al productor.
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