APAG Extremadura ASAJA considera que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), combinada con el aumento de las cotizaciones para los autónomos –menos el RETA y la subida de la base de cotización mínima–, supone la puntilla para el sector agrícola extremeño.
A juicio de APAG Extremadura ASAJA esta baza electoral que lleva a efecto el Gobierno al tener las elecciones cerca, resulta insostenible, ya que muchos empresarios agrarios se va a ver obligados a recurrir a la mecanización o a la contratación de trabajos a empresas de servicios para prescindir de mano de obra asalariada, que además de ser escasa es cara, a causa del subsidio agrario.
En esta línea considera que la SMI se traducirá en despidos, ajustes de horas o incluso trabajo en negro al no poder las empresas hacer frente a los costes salariales.
Para APAG Extremadura ASAJA el incremento salarial, del 22,3% respecto al vigente en 2018, repercutirá negativamente en el sector primario extremeño, ya que se va a traducir en unos menores ingresos en las explotaciones, derivando previsiblemente en una reducción en la mano de obra.
De igual manera señala que los efectos en la agricultura y ganadería, un compartimento económico tan determinante en la economía de Extremadura, van a ser claramente perniciosos, ya que de por sí los agricultores y ganaderos se encuentran ya muy castigados por problemas tan acuciantes como los precios irrosorios y los elevados costes de producción.
Esta organización añade en este sentido que esta subida impactará con virulencia en las empresas, ya que la medida no sólo reducirá la contratación, sino en muchos casos las sitúa directamente en pérdidas.
Cabe recordar que el Real Decreto 1077/2017, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre, establece que el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 900 euros al mes (12.600 euros al año). Tanto para los eventuales como para los temporeros el salario mínimo es de 42,62 euros al día y afectará a más del 50% de todas las categorías del convenio del campo.
Ante esta circunstancia reclama al Gobierno altura de miras para buscar alternativas que suavicen las consecuencias negativas derivadas de esta subida salarial con mucha letra pequeña. En este caso, esta organización sugiere como posible solución la implementación de exenciones en la Seguridad Social.
De no flexibilizarse las condiciones laborales en los próximos convenios, producciones extremeñas, como la de la fruta contarán con un futuro muy negro, tal y como ha sucedido en la provincia de Sevilla.
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