Ayer, el Pleno del Parlamento Europeo respaldó con 428 votos a favor, 170 en contra y 18 abstenciones la aprobación para que el PE empezara a negociar con el Consejo y la Comisión Europea (los famosos Trílogos) la propuesta de directiva para luchar contra las prácticas desleales en la cadena alimentaria.
Hay tanto interés en que esta normativa salga antes de que se disuelva el actual Parlamento, que ayer mismo, también tuvo lugar la primera reunión del Trílogo. Si todo sale según lo previsto, podría llegarse a un acuerdo a tres bandas, a finales de año o principio del siguiente.
El ponente y negociador jefe del PE es el eurodiputado italiano del grupo socialista, Paolo De Castro, que a su vez, es vicepresidente de la Comisión de Agricultura. Hace un mes, durante una jornada en Madrid, De Castro señaló que la posición del Parlamento Europeo es más ambiciosa que la de la Comisión, pero que era consciente, que en las negociaciones del Trílogo, habrá cuestiones a las que se tendrá que renunciar en aras de conseguir llegar a un acuerdo. Para el eurodiputado italiano será un hito que la UE finalmente consiga tener una normativa contra la prácticas comerciales desleales tras más de una década intentándolo.
La eurodiputada española Clara Aguilera ha reiterado que a pesar de las fuertes presiones de última hora para retrasar el procedimiento, se ha logrado superar el bloqueo con el apoyo de todas las asociaciones de productores agrarios, cooperativas e industrias de la cadena alimentaria.
Hay puntos en los que Consejo y PE ya coinciden, si bien quedan cuestiones que habrá resolver en los Trílogos.
Las cuestiones en las que coinciden son:
– Incluir en el ámbito de la normativa no solo los alimentos (como propone la Comisión Europea), sino también productos agrícolas y servicios auxiliares.
– Posibilitar que los proveedores presenten una queja en su propio estado miembro aunque la práctica desleal se haya producido en otro país.
– Considerar prácticas desleales retrasos en los pagos (pagos efectuados después de 30 días para productos agrícolas y alimentarios perecederos) y cancelación unilateral de un pedido de productos perecederos a menos de 60 días de la fecha de entrega acordada (la Comisión propuso una fecha límite no clara)
– Posibilitar que los estados miembros puedan mantener o introducir reglas contra los UTP que sean más estrictas que las que se aplican a nivel europeo.
Los puntos en los que no coinciden son:
– Ámbito de aplicación: El Consejo apoya la propuesta de la Comisión de limitar la nueva directiva a la venta de productos por un proveedor que es una PYME a un comprador que no es una PYME, mientras que el PE apoya un ámbito mucho más amplio, abarcando a proveedores y vendedores PYME y no PYME.
– Prácticas comerciales desleales: El PE quiere incluir más prácticas dentro de la lista de la Comisión Europea, como son:
- pagos efectuados después de 60 días para productos no perecederos, contados a partir del último día del mes en que se recibió la factura o el día de entrega acordado.
- cuando un comprador se niegue a firmar un contrato escrito con el proveedor.
- cuando un comprador comparta o haga mal uso de información confidencial relacionada con el contrato de suministro.
- cuando se venda por debajo del costo, a menos que se acuerde por adelantado
Cooperativas Agro-alimentarias de España espera que el Consejo y la Comisión Europea acepten las propuestas del Parlamento Europeo, como la ampliación del ámbito de actuación a todos los operadores y la venta a pérdidas, para que dicha Directiva tenga un efecto visible en la cadena alimentaria europea y se llegue a un acuerdo antes del cierre de la presente legislatura.
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