El Comité Especial de Agricultura (CEA) analizará el próximo lunes la propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales presentada por la Comisión Europea en abril pasado, previsiblemente con vistas a preparar el Consejo de Agricultura de la UE del próximo 18 de junio en Luxemburgo, según ha avanzado Unión de Uniones. Dado el interés de varios Estados miembros, la Presidencia del Consejo ha preparado una propuesta de modificación que dejaría clara la capacidad de los gobiernos nacionales para mantener o promulgar normas nacionales de lucha contra las prácticas comerciales desleales más estrictas que la propia Directiva o bien que afecten a operadores que no están en principio incluidos en el campo de aplicación de futura norma europea.
La Directiva tiene un carácter básico o de mínimos en cuanto a la armonización en la UE de la protección contra las Prácticas Comerciales Desleales, limitándose a los siguientes ámbitos de actuación:
- Su alcance abarca a las ventas de proveedores PYME a compradores no PYME.
- Cubre a los productos alimenticios amparados por el Tratado de la Unión.
- Establece una lista limitada de prácticas prohibidas.
- Otorga funciones concretas a las autoridades nacionales encargadas de aplicarla.
Foto: Union de Uniones
España cuenta con la Ley 12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, si bien en dicha Ley no se incluye ninguna lista de prácticas comerciales abusivas, lo que en su momento fue uno de los puntos criticados por Unión de Uniones, junto con la ausencia de una definición concreta de la posición de dominio del mercado.
La Presidencia del Consejo (este semestre en manos de Bulgaria) ha interpretado la voluntad de varios Estados miembros en ir más allá, en la persecución de las Prácticas Comerciales Desleales, de lo que enmarcaría la Directiva comunitaria; o, al menos, ha detectado interés en que se aclare el margen de maniobra que los Estados miembros tendrían para ello.
La Presidencia quiere proponer al CEA que la Directiva recoja que los Estados miembros podrían mantener o introducir normas nacionales que vayan, en la persecución de las prácticas comerciales desleales, más allá de la norma mínima establecida por la Directiva en todos los aspectos regulados por misma, incluida la ampliación del ámbito de los operadores afectados. La única condición sería que las normas nacionales sean compatibles con las reglas de funcionamiento del mercado interior de la UE.
Unión de Uniones confía en que la Directiva y, en el caso de España una revisión también de la Ley de la Cadena Alimentaria, puedan suponer un paso decisivo en abolir de los mercados determinadas prácticas abusivas que ejercen los grandes operadores desde su posición de dominio, en perjuicio no sólo de los productores, agricultores y ganaderos, sino también de los consumidores.
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