Los principales puntos acordados son:

– Rechazar cualquier «renacionalización», porque podría distorsionar la competencia en el mercado único.

– Apoyar que debería basarse en un conjunto común de objetivos y los países tienen que definir sus estrategias nacionales mediante las acciones que mejor se adapten a sus necesidades.

– Las normas tendrían que ser  comunes para toda la Unión, y su incumplimiento acarrearía sanciones similares,

– Contar con presupuesto adecuado que continúe financiando íntegramente los pagos directos

– Fijar un límite máximo de ayuda para toda la UE y dar menos ayuda a las  explotaciones más grandes.

– Reducir la burocracia vinculada a medidas medioambientales obligatorias y enfocarlas más hacia los resultados;

– Establecer un nuevo método comunitario para calcular los pagos directos con el fin de eliminar progresivamente los criterios históricos de ayuda;

– Establecer medidas más eficaces para garantizar que las ayudas lleguen a los agricultores;

– Distribución más justa del dinero entre los Estados miembros, teniendo en cuenta, por ejemplo, los costes de producción y el poder adquisitivo;

– Más fondos para ayudar a revitalizar las zonas rurales y rechazo frontal al recorte propuesto del 25% de los fondos para desarrollo rural,

– Oposición a que las ayudas de la PAC se destinen a la cría de toros de lidia

– Más apoyo a los jóvenes y nuevos agricultores y a los afectados por la volatilidad de ingresos y precios;

– Excluir los sectores más vulnerables de las negociaciones comerciales, y

– Permitir que tanto las ayudas de la UE como las nacionales (que los Estados miembros pueden ahora conceder a sectores clave en crisis) se utilicen también para productos de importancia estratégica o para compensar los efectos de los acuerdos de libre comercio.

– Impulsar la innovación, la investigación y la implantación de técnicas agrícolas de última generación.