La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, defendió ayer en el Congreso de los Diputados la postura española sobre los fertilizantes, que al igual que todas las normas que puedan tener efecto sobre la salud de las personas y el medio ambiente, “está basada en el conocimiento científico, y avalada por informes de organismos de reconocido prestigio”, según ha señalado.

García Tejerina ha recalcado que España mantiene desde 2009 la misma posición sobre los umbrales en los fertilizantes, postura compartida con Francia, Italia, Reino Unido o Irlanda; la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, o el órgano que representa a los agricultores en la Unión Europea, el Copa – Cogeca.

La Ministra ha destacado que, además, está avalada técnica y científicamente por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), y la Comisión Europea. Todos estos organismos indican, según ha recordado, que no hay riesgo ni para la salud de las personas, ni para el medio ambiente.

Garcia Tejerina ha alertado que poner en duda la posición de España sobre este asunto no es perjudicial para la industria, “que puede cambiar de proveedor”, sino para el agricultor español. “Este Gobierno defiende a los agricultores, y lo hace también orientándolos hacia una agricultura más sostenible”, ha recalcado.

La Ministra se mostrado en contra de aquellos que buscan fomentar el monopolio del fósforo a nivel mundial, porque encarecería un nutriente básico para los cultivos y perjudicaría a la agricultura, “al bolsillo de los agricultores españoles”, y al medio rural.  El Gobierno continuará, en palabras de Garcia Tejerina, defendiendo “una agricultura sostenible, productiva, generadora de bienestar y riqueza en el medio rural, innovadora, puntera a nivel internacional, y que provee de alimentos sanos a todo el mundo”.

Finalmente, García Tejerina ha pedido responsabilidad al tratar este asunto y ha insistido en que no se haga daño al sector con “frivolidades y creando alarma social con temas que pueden perjudicar a los agricultores españoles, y en definitiva, a todos los consumidores”.