“Si no hay medidas a corto plazo, no habrá fruticultores a medio-largo plazo”. Así de tajante se mostró David Borda, responsable del sector de fruta dulce de COAG, durante su intervención en la jornada de trabajo de ayer con el Ministerio de Agricultura para abordar la crisis estructural del sector mediante el desarrollo de un Plan estratégico de la fruta dulce.

Durante el encuentro, COAG reconoció el impulso y el trabajo que está realizando el MAPAMA para avanzar en la solución de los problemas existentes en el sector de la fruta a medio y largo plazo, subrayando que son necesarias medidas urgentes y de aplicación inmediata para que los fruticultores profesionales puedan llegar a dicho medio y largo plazo y no se queden por el camino.

“Asistimos a un cambio de paradigma en el modelo productivo del sector frutícola en el que los grandes inversores ganan terreno en detrimento del modelo social y profesional de agricultura, proveedor de riqueza en el medio rural, así como de otros bienes públicos. La inacción y la falta de planteamiento de medidas concretas estarían acelerando ese cambio, ya que en la actualidad hay muchas explotaciones familiares y profesionales que están ahogadas económicamente” argumentó Borda.

Durante el encuentro, el MAPAMA anunció la convocatoria de la mesa sectorial para este mes de diciembre en la que seguir trabajando. COAG reclamó, que en dicha mesa, se concreten las medidas a corto plazo. En ese sentido, desde esta organización se han solicitado una batería de medidas económicas excepcionales con efecto directo para paliar la actual y difícil situación de los agricultores/as de fruta, tales como la condonación de las cuotas a la Seguridad Social, reducción a cero de los módulos para la fruta dulce en el cálculo de la renta de 2017, ante la ausencia generalizada de beneficios, ayudas y moratorias para los préstamos contraídos, bonificación en la obtención de avales de SAECA, establecimiento de líneas de financiación bonificadas y créditos blandos para afrontar la futura campaña, condonación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y recuperación del máximo porcentaje de subvención estatal en la contratación del seguro de la fruta, estableciendo bonificaciones específicas para los agricultores profesionales.