La consulta pública sobre la mejora de la cadena alimentaria lanzada por la Comisión Europea el 16 de agosto ha concluido este viernes, 17 de noviembre. La Comisión ha manifestado que usará la información recababa a través de esta consulta como base para un proceso de evaluación de impacto que puede dar lugar a la adopción de medidas legislativas, por ejemplo, reglamentos o recomendaciones a nivel de la Unión.

Según la Comisión Europea, la política agraria común se ha orientado cada vez más al mercado y la agricultura y el sector agroalimentario europeos están cada vez más integrados en los mercados mundiales. En este escenario los agricultores están más expuestos  a una mayor inseguridad en el mercado y se ha incrementado la volatilidad  de los precios, siendo su poder de decisión insuficiente para ayudarles a defender sus intereses frente a otros eslabones de la cadena alimentaria, como las empresas transformadas de alimentos y los minoristas. Por esta razón, se ha lanzado la consulta pública, en la que se ha consultado al público sobre tres ámbitos relacionados con la posición de los agricultores en la cadena alimentaria prácticas comerciales desleales, transparencia del  mercado y cooperación entre productores.

Paralelamente a esta consulta, que concluyó el viernes, la Comisión ha hecho púbico recientemente su Programa de Trabajo para 2018 en el que anunciaba que presentará una propuesta de Reglamento para mejorar la cadena alimentaria en mayo de 2018, con el fin de que se complete la labor legislativa correspondiente antes de las elecciones europeas de junio de 2019. La propuesta para mejorar la cadena alimentaria en la UE incluiría una propuesta legislativa y un estudio de impacto, según se refleja en el anexo I del Programa de Trabajo.

FEPEX considera positiva la consulta púbica para mejorar la cadena alimentaria promovida por la Comisión Europea y reconoce que una regulación comunitaria sería una respuesta adecuada a la fragmentación reciente del mercado interior debido, en parte, a las diferentes regulaciones nacionales, pero, a su vez,  plantea que no debe suponer una mayor carga burocrática ni económica en las  transacciones comerciales.