Ayer, el Comité Especial de Agricultura dio su visto bueno al acuerdo preliminar al que llegó la Presidencia Maltesa con el Parlamento Europeo en el junio pasado. Ahora, este acuerdo pasará al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros para su aprobación, y una vez hecho esto, las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.

Han sido necesarios tres años de negociaciones para sacara adelante estas  nuevas normas, que  tienen como objetivo:

– Mejorar la claridad jurídica y armonizar y simplificar  las normas de producción .

– Aumentar la confianza de los consumidores mediante el fortalecimiento del sistema de control. La nueva regulación introduce controles sobre los minoristas y un enfoque basado en el riesgo, lo que reduce la carga administrativa para los operadores en general y SMEs en particular.

– Hacer más justa la competencia entre los productos y las importaciones. El ‘sistema de cumplimiento’ se convertirá en la norma en cuanto al reconocimiento de los organismos de control privados en terceros países. Esto significa que estos organismos tendrán que cumplir con las normas de producción y control de la UE al decidir si un producto que se exporta al mercado europeo es ecológico o no.

– Ampliar el alcance de las normas ecológicas a más productos, como  por ejemplo, sal, corcho, cera de abejas, yerba mate, hojas de vid, corazones de palma) y reglas de producción adicionales (por ejemplo, ciervos, conejos y aves de corral).

– Apoyar a los pequeños agricultores mediante la introducción de un nuevo sistema de certificación de grupos, reduciendo los costes de inspección y certificación, así como la carga administrativa relacionada.

– Proporcionar un enfoque más uniforme de los plaguicidas . El nuevo Reglamento armoniza las medidas de precaución , mejorando así la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, aumenta la flexibilidad en el caso de las medidas que deben tomarse en presencia de sustancias no autorizadas para tener en cuenta las diferentes situaciones de los diferentes estados miembros. Esto significa que los países que ya tienen las normas nacionales que establecen los umbrales para las sustancias no autorizadas serán capaces de mantenerlas. Cuatro años después de la entrada en vigor de las nuevas normas, la Comisión presentará un informe de evaluación de normas y prácticas nacionales en campo y también presentará una propuesta legislativa para armonizar las normas relativas a los umbrales de sustancias no autorizadas.