Los Estados miembros de la UE tienen derecho a restringir las ventas de tierras agrícolas para preservar las comunidades agrícolas y promover la agricultura sostenible. Pero al hacerlo, deben cumplir con la legislación de la UE, en particular con las normas sobre libre circulación de capitales. En 2015, la Comisión inició procedimientos de infracción contra los Estados miembros que discriminan a los inversores de otros países de la UE y crean restricciones desproporcionadas a la inversión transfronteriza. En la Comunicación que acaba de publicar la Comisión, se proporcionan indicaciones a los Estados miembros sobre lo que pueden hacer para regular la venta de tierras agrícolas, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Características principales de la orientación de la Comisión

La Comunicación aclara que el Estado miembro es competente para decidir sobre medidas para controlar las ventas de tierras de cultivo. Tal como lo aclaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algunas restricciones pueden ser aceptables bajo ciertas condiciones:

• Autorizaciones previas de autoridades nacionales para la adquisición de terrenos;
• Límites en el tamaño de la tierra que se adquirirá;
• Derechos de pre-adquisición que permiten que ciertas categorías de compradores compren tierras de cultivo antes de que se vendan a otras. Los compradores que se benefician de estos derechos pueden incluir arrendatarios, vecinos, copropietarios y el Estado;
• Intervención del precio estatal.

Sin embargo, la legislación de la UE no permite restricciones discriminatorias como los requisitos generales de residencia como precondiciones para la adquisición de tierras.

Las restricciones desproporcionadas de la inversión transfronteriza también son ilegales. De acuerdo con la jurisprudencia, es particularmente desproporcionado a:

• Imponer obligaciones de autocultivo;
• Prohibir que las empresas compren tierras;
• Requerir cualificaciones en la agricultura como condiciones previas para la compra de tierras.

La Comunicación publicada responde a una petición del Parlamento Europeo en marzo pasado, en la que se pedía a la Comisión que estableciera un conjunto claro y completo de criterios para las regulaciones del mercado de tierras para garantizar igualdad de condiciones en el cumplimiento de la legislación de la UE.