La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) está en contra de la propuesta del Gobierno de implantar un impuesto especial en las bebidas carbonatadas y azucaradas que se contempla como una medida recaudatoria y no como una medida de salubridad. En todo caso dicho impuesto no debería ni repercutirse ni distribuirse entre los integrantes de la cadena alimentaria, en ningún caso entre los productores y los consumidores. Los beneficios que la principal multinacional de bebida carbonatada y azucarada ha tenido en España en los últimos dos años le permitirían asumir este incremento impositivo sin necesidad de repercutirlo ( en el año 2014 el beneficio se situó en 177 millones , alcanzando una cifra récord de 191 millones en el año 2015).
UCCL considera que el principal problema del sector de la remolacha es ahora mismo la incertidumbre que genera un escenario de desaparición de cuotas que exige que la Administración de un paso al frente convocando de forma urgente la Mesa del Azúcar de Castilla y León. Éste debería ser el foro estable de interlocución, debate y consenso , en el que hubiera de haberse negociado, debatido y consensuado el documento de rechazo al impuesto de bebidas carbonatadas y azucaradas que hoy se firmará.
Nuestra Organización ha solicitado, en numerosas ocasiones, a la Consejería la convocatoria de esta Mesa del Azúcar, integrada por la propia Administración, los productores y la industria , con el ánimo de negociar contratos estables, basados en la rentabilidad de las partes y anticiparnos de esta forma a las posibles consecuencias negativas que pudiera traer consigo la desaparición de cuotas , como ha ocurrido en el sector lácteo.
La apuesta decidida por este sector por parte de la Consejería, como sector estratégico en Castilla y León, que tiene los productores y la industria en su territorio de forma mayoritaria, no puede reducirse a la firma de un documento de rechazo a un impuesto, esto es sólo una cortina de humo que ensombrece los principales problemas a los que se enfrenta el sector, entre ellos, la deuda que acumula la Consejería frente a los cultivadores de remolacha de Castilla y León.
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