La directora general de la Política Agraria Comunitaria (PAC), Yolanda García Seco, se reunió ayer con el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel Ángel Riesgo, y el director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Fernando Miranda, en la que ha tratado la problemática de la dehesa de la PAC.

Durante la misma, García Seco ha presentado la propuesta que la Junta de Extremadura ha realizado para su traslado a la Comisión de cara a la modificación de la PAC en los próximos meses en la negociación del Reglamento Ómnibus y para dar a conocer esta problemática en las negociaciones que se abran sobre la PAC más allá del 2020.

Dicha propuesta ha sido elaborada con la colaboración de la Universidad de Extremadura, el Centro de Investigación, Ciencia y Tecnología de Extremadura (CICYTEX) y otras entidades y asociaciones interesadas en la conservación de la dehesa.

La propuesta se centra en la modificación de la definición de pastos permanentes, la incorporación de medidas que hagan más flexible la aplicación regional de los derechos de pago básico y la compatibilidad de las medidas de desarrollo rural y los pagos directos en los sistemas agroforestales. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de reconocer como prácticas ambientales las acciones de conservación y mantenimiento que deben ejercerse en este ecosistema.

La directora general ha señalado que la aplicación de las sucesivas reformas de la PAC «está poniendo en peligro la continuidad de este ecosistema que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, así como amenazada por otros problemas de índole sanitario y ambiental».

Por último, Yolanda García Seco ha explicado que la dehesa es un ecosistema agrosilvopastoral de gran valor ecológico que debe ser protegido por la Política Agraria Comunitaria al objeto de preservar sus características medioambientales que integran, de forma inseparable, el mantenimiento de la actividad ganadera con un aprovechamiento forestal y agrario, la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales públicos.

«España viene siendo sancionada como consecuencia de las deficiencias detectadas en las misiones de la Comisión desde abril de 2009, efectuadas en el ámbito de las ayudas directas y estas misiones han supuesto que la Comisión Europea imponga correcciones financieras a tanto alzadas en relación con la admisibilidad de los pastos permanentes con arbolado y/o arbustos en España, cuyos importes que deben ser reintegrados superan los 300 millones de euros» ha añadido. Fuente: Junta de Extremadura