El interés por el cultivo
comercial del arándano, principalmente en la provincia de Huelva, está
provocando un incremento de plantaciones de variedades protegidas
multiplicadas de forma ilegal, sin licencia o autorización del obtentor
correspondiente. Se trata de una situación enormemente preocupante, por las
implicaciones legales y comerciales para los agricultores y para toda la
cadena, incluyendo la producción agrícola andaluza en su conjunto.
La multiplicación de
variedades vegetales protegidas sin autorización implica una grave
infracción de los derechos de propiedad industrial del obtentor, y puede
constituir un delito que el Código Penal castiga con penas de hasta tres
años de cárcel. La responsabilidad puede recaer tanto en el vivero que
multiplica ilegalmente, como en el agricultor, y puede extenderse también a
los sucesivos comercializadores de la fruta según han establecido varias
sentencias firmes en diferentes Tribunales europeos, condenando al arranque
de plantaciones además de las compensaciones económicas pertinentes al
obtentor.
Por otra parte, la multiplicación de
plantas de arándanos mediante viveros clandestinos, sin control oficial, da
lugar a planta sin garantía sanitaria ni trazabilidad, incrementa
enormemente el riesgo fitosanitario, pudiendo provocar la propagación de
enfermedades. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía señala en su web: “La producción de semillas y plantas de
vivero supone una actividad estratégica en Andalucía que es necesario
proteger, puesto que las producciones no controladas conllevan un grave
riesgo para el estado sanitario de los cultivos andaluces, especialmente
para especies frutales como el almendro, el olivo y el arándano. El material
comercializado no controlado carece de garantía de calidad respecto a su
estado sanitario, identificación varietal ni origen, por lo que supone un
posible foco de entrada de plagas y enfermedades”.
La multiplicación
clandestina por viveros no controlados constituye además una falta
administrativa muy grave, que acarrea sanciones de 30.001 a 300.000€, tal y
como señala la Consejería.
Proliferan las denuncias contra viveros y plantaciones de arándano no
autorizadas.
Debido a este aumento de casos del uso
fraudulento de material vegetal, las empresas obtentoras de estas
variedades, representadas por GESLIVE, están llevando a cabo numerosos
controles e inspecciones dirigidos a detectar y perseguir tales infracciones
en campo, desde viveros a productores y a lo largo de la cadena comercial.
En muchos casos, estas inspecciones dan lugar al inicio de procedimientos
judiciales, que dan lugar a sentencias como la que condenó a seis meses de
prisión a un productor por reproducción ilegal de paraguayo en junio de 2016
o la condena a un agricultor a 9 meses de prisión en octubre de 2015 por la
posesión para la venta de plantas ilegalmente reproducidas de variedades
vegetales protegidas de melocotón y nectarina.
Para la realización de
estas inspecciones, los técnicos de GESLIVE utilizan sistemas de gestión
varietal geo-referenciados, que facilitan enormemente la labor en campo y la
identificación de parcelas ilegales. Estos sistemas ponen a disposición del
usuario la ubicación GPS de las parcelas de cultivo, permitiendo comprobar
en tiempo real si una parcela dispone o no de autorización para el cultivo
de una variedad. También se facilita la gestión de los casos contra
plantaciones ilegales al almacenar información durante las inspecciones que
queda a disposición de los equipos técnicos y legales a cargo de cada caso.
El uso ilegal de variedades protegidas, una
amenaza para el conjunto del sector
El uso ilegal de
variedades protegidas supone una grave amenaza no sólo para los obtentores y
agricultores afectados, esa gran mayoría que opera dentro de la legalidad
sufriendo competencia desleal, sino también para el conjunto del sector
productor y exportador.
Este tipo de fraude
desincentiva el esfuerzo en innovación que ha permitido a Huelva liderar los
rankings exportadores, al disuadir a muchos obtentores de invertir en España
y facilitar el acceso a nuevas variedades. Esta situación provoca que
proliferen las variedades “cerradas”, cuyo objetivo es precisamente proteger
a los obtentores y a los agricultores autorizados de la competencia desleal
e ilegítima de los infractores.
Comercialmente, el fraude
es incompatible con todos los requerimientos de trazabilidad y sanidad de la
distribución y proyecta una imagen muy negativa del sector de frutos rojos
de Huelva, y por extensión, de las exportaciones andaluzas, que no sólo daña
a los productores profesionales sino que resulta especialmente peligrosa en
un momento de amenazas a nuestro modelo de producción y exportación por
parte de países competidores por los mercados de destino.
La preocupación alcanza
también a las autoridades competentes, conscientes del impacto del fraude.
Por ello, entre otras medidas, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente se ha promovido un Plan Nacional de Control de
Viveros dirigido a detectar y perseguir las infracciones en la
multiplicación ilegal de plantas, en cuya aplicación participa activamente
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía.
Por otra parte, y en
respuesta a las demandas de la producción y de la distribución, el
certificado GLOBAL-GAP ha introducido requisitos de trazabilidad y origen
legal del material vegetal, que implican acreditar el cumplimiento de la
normativa sobre propiedad intelectual.
La conducta irresponsable
de un grupo minoritario puede afectar seriamente la viabilidad del sector,
al dificultar el acceso a nuevas variedades, y poniendo en cuestión su
credibilidad como proveedor y socio de confianza de los mercados europeos.
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