CCOO cree que la evolución positiva del desempleo y el aumento del empleo viene motivada por la plena actividad enla recogida de la aceituna, de la fresa, de los cultivos hortofrutícolas en el Mediterráneo y de los invernaderos y subtropicales en la Costa del Sol y el litoral.
Los datos de la EPA sitúan al sector agrario como el primero en crecimiento de las personas ocupadas, tanto en la variación mensual como interanual. Igualmente, en el descenso del desempleo es también dondemás bajaron las personas desempleadas en cómputo anual. En los últimos doce meses el paro agrario se redujo en 41.400 personas (15,95%). No obstante, la ocupación son empleos típicos de temporada de recolecciones, donde predomina la contratación eventual y por circunstancias de la producción.
Las buenas cifras de evolución de la ocupación y del desempleo no se corresponden con la calidad de los empleos que se ofertan en el sector agrario. Un sector donde hay una abusiva contratación temporal, en muchos casos en fraude de ley, mediante el encadenamiento de contratos temporales en actividades cíclicas y continuas a las que les corresponde un contrato fijo discontinuo.
A esta situación se une un gran número de contrataciones verbales, de las cuales la única constancia es la palabra del empresario y el trabajador, lo que propicia un gran presión de los empleadores sobre los trabajadores y un gran número de relaciones contractuales no declaradas y que dan pie a la infracotizaciones de jornadas reales cotizadas por parte de los empresarios en perjuicio de los derechos sociales de las personas que trabajan en el sector primario y de los ingresos del Sistema Público de Seguridad Social.
Esto requiere, según CCOO de Industria, la puesta en marcha de planes eficaces de lucha contra el fraude y la explotación laboral con cruces de datos informáticos de la Seguridad Social, y de los ministerios de Agricultura y de Empleo y Seguridad Social, así como de una intervención in situ con participación de los dispositivos del Ministerio del Interior (Policía Nacional y Guardia Civil), Agencia Tributaria, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Inspección de Trabajo y Tesorería General de la Seguridad Social), administraciones autonómicas y locales.
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