Durante el debate sobre la actividad cinegética en Castilla-La Mancha ayer celebrado en el Pleno de las Cortes Regionales, el consejero de agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido “responsabilidad” a los grupos parlamentarios, porque en las próximas semanas el Consejo de Gobierno va a tomar en consideración la modificación de la Ley de Caza para su remisión a las Cortes. Un documento que está “totalmente cerrado” con una interlocución con 70 organizaciones, por lo que pide a los parlamentarios que apuesten por “construir” y defiendan “los intereses de los habitantes del medio rural”.

Entre las novedades de la nueva Ley de Caza que propone el Gobierno regional están la apuesta por el modelo de caza social, a través de la recuperación de los cotos de los pueblos y la modificación de la ley de tasas de la Comunidad Autónoma para que los jubilados estén exentos de pagar las licencias. En definitiva, para obtener una Ley más moderna en una región en la que se prohibirá el lanceo de jabalí o el tiro al pichón y la codorniz.

En cualquier caso, ha defendido la actividad cinegética por la que se ha encargado un estudio específico a la Fundación Artemisan “para conocer con exactitud los datos del sector cinegético en la región, que en la actualidad no existen, a fin de poder conocer la realidad del sector”, en el que hay 100.000 licencias.

Por último, ha recordado que la licencia única de caza que planteó el Gobierno central era “absolutamente lamentable” para las finanzas de Castilla-La Mancha y permitía que la recaudación de la actividad cinegética -que se desarrolla en los pueblos de la región- se recaudará en comunidades autónomas distintas de Castilla-La Mancha “no llegando un solo céntimo, sin acuerdo compensatorio”. Por lo que “este Gobierno que, evidentemente, no da la espalda al campo, ha sido el que ha impedido que todos los años 1 millón de euros salieran de Castilla-La Mancha y acabarán en la Comunidad Autónoma de Madrid”, ha concluido.