Ayer el Instituto Nacional de Estadística ha hecho pública la EPA del segundo trimestre de 2016. En ella se constata que la Agricultura de nuestro país cuenta con 251.700 parados y una ocupación de 760.200 personas. La tasa de desempleo en el sector se sitúa en el 24,87%, casi cinco puntos por encima de la media de la economía española.
Respecto a la ocupación, el sector agrario ha perdido 17.200 empleos respecto a los datos del trimestre anterior, con una caída del 2,2%, afectando por igual a hombres y a mujeres, pues en ambos casos desciende un 2%.
Respecto al mismo trimestre de 2015 la ocupación ha crecido en todos los sectores, y en el Agrario se incrementado en un 2,67%, lo que supone 19.800 empleos más que el año pasado. En materia de desempleo la Agricultura resta 7.500 parados, con una caída trimestral del 2,89% y un total de 251.700 personas en paro. Respecto al mismo periodo de 2015 ha registrado una ligera caída del 0,2%, con 500 parado menos que hace un año.
Por comunidades autónomas, el 55% del desempleo Agrario se concentra en Andalucía, con 154.800 personas en paro, seguida de Castilla La Mancha (18.200) y Extremadura (15.300 parados).
Desde UGT FICA consideramos que los datos arrojados por la EPA no reflejan la realidad del sector. Durante este trimestre se han desarrollado importantes campañas agrarias, como puede ser la fresa de Huelva, que requiere muchísima mano de obra y sin embargo eso no se refleja en la EPA. Entendemos que no se están declarando todas las jornadas reales que deberían declararse en función de las producciones. Por ello instamos al Gobierno, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, a que establezca las medidas que correspondan para que los empleadores declaren las jornadas reales de los trabajadores y trabajadoras del sector agrario. Además sería necesaria una mayor implicación de la inspección de trabajo para lucha contra el trabajo sumergido en el sector.
Desde UGT FICA denunciamos la precariedad en la contratación en el sector agrario y los continuos incumplimientos de los convenios colectivos en materia salarial y de jornada que sufren sus trabajadores y trabajadoras. Consideramos que el paro en la agricultura tiene un carácter estructural, y que necesita de políticas específicas y un compromiso firme y efectivo de las Administraciones para que el empleo que genere este sector se declare y cotice a la Seguridad Social.
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