Madrid, de 6 noviembre de 2003. La nueva Ley de Arrendamientos Rústicos, aprobada esta mañana en el Congreso de los Diputados, nace con el rechazo de todos los grupos parlamentarios de la oposición y, lo que aún es más grave, tampoco cuenta con el refrendo del sector agrario. El Ministerio de Agricultura ha ignorado completamente en su fase de elaboración las propuestas de mejora de la ley planteadas por COAG, y recibidas con satisfacción por el resto de grupos políticos con representación en el Congreso y Senado, por lo que no ha habido posibilidad alguna de participar en la configuración de una ley de vital importancia para el futuro de los agricultores y ganaderos.

Desde esta organización no se entiende el por qué un cambio tan brutal en el contenido de una ley que, habiendo sido ya reformada en 1995, había tenido efectos muy positivos para el sector. En este sentido Andoni García, responsable de Costes de COAG, ha apuntado que “ni el Gobierno, ni el grupo parlamentario que lo sustenta, han dado ninguna razón de peso que justifique las modificaciones de esta ley, a excepción de la liberalización del mercado de la tierra que abre la puerta a la especulación. Y es que el contenido de la Ley se orienta en beneficio de intereses ajenos al sector y a la actividad agraria, ya que se configura como un instrumento eficaz para la especulación y concentración de tierras, al no defender como único objetivo la contratación de arrendamientos para el ejercicio de la actividad agraria por parte de profesionales”.

Este proyecto incorpora además una serie de modificaciones de enorme repercusión para el agro como: eliminar la orientación profesional de los arrendamientos; apostar por grandes explotaciones; abogar por las sociedades anónimas en detrimento de la explotación familiar; y eliminar la preferencia de acceso a la propiedad y reducir la duración del contrato (de 5 a 3 años), lo que dificulta la estabilidad y viabilidad de las explotaciones. “No olvidemos, ha apuntado Andoni García, “que el 27% de la superficie agrícola útil de nuestro territorio está arrendada y precarizar la situación de los arrendamientos amenaza la estabilidad del sector, impide su modernización y trunca el relevo generacional, ya que el 75% de los jóvenes que se incorporan lo hacen en regímen de arrendamiento”.

Las observaciones al texto legal propuestas por COAG reflejan las verdaderas necesidades de los profesionales agrarios y son una garantía de futuro para el sector:

– que se mantenga el requisito del arrendatario como profesional de la agricultura
– que no desaparezca el límite cuantitativo de arrendamiento, a fin de evitar la acumulación de tierra en manos de un mismo arrendatario.
– el mantenimiento de la actual duración de los contratos y sus prórrogas para mantener la finca, conservarla y realizar las inversiones necesarias, garantizando la amortización de las mismas.
– que los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente no sean suprimidos.