UPA vota en contra del informe de trasposición de la Directiva comunitaria de aguas

10.N.2003. La Directiva Marco de Aguas, aprobada en el año 2000, tiene como fecha límite para su trasposición por parte de los diferentes Estados miembros el 31 de diciembre del presente año. Por dicho motivo hoy se ha celebrado una reunión del Pleno del Consejo Nacional del Agua con el único tema de debatir y votar un informe que ha preparado la Comisión Permanente de dicho Consejo (en la cual no hay ninguna representación de las organizaciones profesionales agrarias).

La citada reunión ha estado presidida por la Ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, y en ella se han presentado los distintos posicionamientos por parte de los miembros de dicho Consejo, entre los que se encuentra UPA a través de Agustín Rodríguez (secretario general de UPA-Andalucía). La intervención de UPA ha estado centrada en especial en la trasposición del artículo 9 de la Directiva, referente a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. En el debate previo a la aprobación de la presente Directiva se planteó la gravedad para el sector agrario, en especial en determinadas zonas, que tendría una repercusión total de dichos costes, por lo que en el texto final aprobado hace tres años se incluyó que los Estados miembros pudiesen tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas.

La propuesta del informe presentado al Pleno del Consejo se basa en la modificación de más de 40 artículos de la Ley de Aguas, entre los cuales se incluye uno nuevo que introduce lo mencionado en el párrafo anterior referente a posibles excepciones en cuanto a la aplicación del principio de recuperación de costes. Sin embargo no se concreta nada en dicho sentido, sino que se traslada a los planes hidrológicos de cuenca para que en ellos se motiven las distintas excepciones a desarrollar.

UPA no puede aceptar por un lado que no se concrete dichas excepciones en la trasposición de la Directiva y demanda en ese sentido que se tenga en cuenta una “modulación” en la aplicación de dichos costes en los que se tenga en cuenta entre otros factores: la renta de los agricultores, el empleo que generen, el uso sostenible y racional del agua, la residencia en el medio rural, el tamaño de sus explotaciones (favoreciendo en este sentido a las pequeñas y medianas explotaciones) o la ubicación de sus explotaciones en zonas desfavorecidas; y por otro UPA considera que las diversas excepciones que se establezcan tengan normativa básica, es decir, que se incluyan en la Ley de Aguas o en su caso en el Reglamento de desarrollo de dicha Ley, pero no que se remitan a los planes hidrológicos de cuenca, ya que ello conllevaría a unos conceptos muy diferentes de unas cuencas a otras, yendo en contra de la necesaria uniformidad en dichas medidas.

Por otro lado, UPA ha criticado el procedimiento seguido para la trasposición de la Directiva Marco, sobre todo en cuanto a la participación de los usuarios, y en este caso de los representantes legales de los agricultores. Tanto desde el Ministerio de Medio Ambiente como en los dos últimos Plenos de Consejo Nacional del Agua, e incluso en el propio documento de trasposición de la Directiva, se menciona que se constituirían grupos de trabajo específicos en los que participasen los distintos usuarios. Sin embargo las organizaciones profesionales agrarias, como representantes de los agricultores, y por tanto los usuarios más importantes del recurso agua, tanto por su volumen de uso como por su importancia territorial no han sido llamados a participar en ninguna reunión especifica para tratar estos temas.

Otro de los aspectos que ha sido rechazado por UPA es en cuanto al mecanismo que se va a utilizar para la aprobación de esta trasposición. En palabras de la propia Ministra de Medio Ambiente, el procedimiento a emplear va a ser la Ley de Medidas de Acompañamiento, un procedimiento muy criticado por UPA y que desgraciadamente se está convirtiendo en habitual por este Gobierno para eludir el necesario debate parlamentario. Y más aún cuando se trata de la modificación de más de 40 artículos de la Ley de Aguas, por lo que sería necesario un debate más sereno y con mayor profundidad. UPA no acepta las excusas de la Ministra en relación a que no hay tiempo ya para una tramitación parlamentaria, ya que o bien se podría haber acelerado esta trasposición a lo largo de los meses y años anteriores o incluso ver retrasada su trasposición legal si es por bien de lograr un mayor debate. En este sentido cabe recordar que suele ser una práctica habitual es retraso en la trasposición de Directivas a nuestra marco normativo, y más en concreto cuando se refieren a temas medioambientales.

Por todo ello, UPA votó esta mañana en contra del informe presentado al Pleno en relación a la trasposición de la Directiva Marco, a pesar de lo cual hubo 51 votos a favor, 13 en contra (además de UPA, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña y el País Vasco, las organizaciones ecologistas, universidades públicas y expertos en materia medioambiental)