La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) considera que la Orden por la que se establecen ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas y a las industrias cárnicas para la mejora de las condiciones de eliminación de subproductos, residuos y materiales específicos de riesgo responde más a una estrategia mediática que a un interés real de solucionar los problemas de los ganaderos españoles.
En efecto, se trata de una orden con muy poco presupuesto pero con múltiples destinos y destinatarios. Las ayudas van dirigidas a ganaderos de vacuno que hayan tenido algún caso de EEB y quieran reponer; también a todo tipo de ganaderos que quieran realizar obras para poder almacenar los animales muertos previo a su recogida y de igual modo para industrias cárnicas que precisen maquinaria de eliminación de MER y otros aspectos. En definitiva, objetos de ayuda variopintos para lo cual se concede una dotación presupuestaria bastante ridícula.
Además, conviene recordar que la partida presupuestaria que se propone utilizar procede del RD-ley 9/2001 por el que se adoptaron medidas de apoyo a los ganaderos de vacuno españoles por la EEB. Desde UPA consideramos que ese dinero debería ser utilizado con el fin inicial que tenía: créditos a los ganaderos de vacuno españoles por los perjuicios sufridos con la crisis de las vacas locas. Y para las otras medidas planteadas se debe buscar presupuesto extraordinario y en cuantía suficiente de modo que la Orden expuesta sea eficaz y redunde en mejoras de los beneficiarios y no sea un instrumento para mejorar la imagen y sin ninguna repercusión en los ganaderos españoles.
Por otra parte, hay que indicar que existe un desfase entre los requisitos que se exigen en esta orden y la situación en que nos encontramos. En este sentido, para la obtención de las ayudas se exige una “memoria descriptiva y económica de las inversiones a realizar, que incluya un presupuesto detallado de los gastos y las inversiones que se van a realizar”.
Desde UPA denunciamos que es imposible saber qué infraestructuras necesitamos cuando la mayoría de Comunidades Autónomas no han definido aún la forma de recogida y gestión de los cadáveres. Se han puesto en marcha ciertas líneas de seguro pero sólo para determinadas Comunidades autónomas y ciertas especies. Además, el seguro es un mero instrumento de financiación siendo cada territorio el que tiene que organizar cómo y de qué manera se va a realizar la recogida, cosa que no se ha hecho en casi ninguna Comunidad de forma integral.
En nuestra opinión, el Ministerio de Agricultura debe aumentar el presupuesto destinado a esta orden para que realmente tenga efectos de mejora en las explotaciones y las rentas de los ganaderos de nuestro país.
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