En Madrid a 24 de mayo de 2004 se han reunido en la sede de la UPA las organizaciones miembro de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes siguientes:

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), Unión Nacional de Asociaciones de Autotaxis (UNALT), Confederación del Taxi de España (CTE), Unión de Cooperativas de Transporte de España (UCOTRANS), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE), Asociación General de Consumidores (ASGECO-UNCCUE), Federación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas de Transporte de Viajeros (AGAPYMET).

Las organizaciones asistentes han manifestado la preocupación y queja de todos los sectores económicos y sociales afectados por la escalada de los precios de los carburantes habida este último semestre, del que no sólo se debe culpar a la cotización internacional del precio del crudo, sino, sobre todo, por los impuestos que gravan los diferentes productos petrolíferos, así como los costes de explotación y de beneficio empresarial aplicados por las principales compañías petrolíferas implantadas en España, que en la actualidad actúan de forma concertada en régimen de oligopolio, impidiendo la existencia de competencia real en el sector de hidrocarburos.

Por lo que se refiere a la política impositiva aplicada a los carburantes, cabe destacar el establecimiento del impuesto sanitario sobre el carburante a partir del 1 de Enero de 2002 y que en la actualidad supone una carga fiscal adicional sobre el gasóleo y las gasolinas de automoción de 4 pesetas/litro (que alcanza las 7 pesetas/litro en las Comunidades Autónomas de Madrid, Galicia y Asturias).

En base a lo anterior, las organizaciones asistentes acuerdan instar al Gobierno la adopción de un “Plan inmediato de medidas en el sector de hidrocarburos” que comprendería:

1. Suprimir el impuesto sanitario sobre los carburantes tanto en el tramo estatal como en el autonómico, en consonancia con el recurso de inconstitucionalidad contra dicho impuesto planteado por el PSOE a principios del año 2002.

2. Adoptar con carácter urgente medidas legales y administrativas, que favorezcan el desarrollo de la libre competencia en el sector de la distribución de hidrocarburos, y prorrogando la prohibición establecida en el año 2000 para las operadoras petrolíferas dominantes de incrementar su red de estaciones de servicio.

3. Personación del Gobierno en la causa abierta en la Audiencia Nacional, en base a la denuncia presentada por la Plataforma contra las petroleras por presuntas prácticas restrictivas de la competencia y de concertación de precios, aportando la información y documentación que posea al respecto.

4. Solicitar la constitución de un Observatorio permanente del Sector de hidrocarburos, que vigile la evolución de los precios, la política de liberalización del sector y de regulación de la competencia, de la que forme parte, junto a la Administración, las organizaciones representativas de los consumidores profesionales y particulares.