En los últimos meses se ha producido, de nuevo, un importante repunte de los precios del gasóleo agrícola tras el ligero respiro que se produjo en los meses de noviembre – diciembre de 2004. Esta circunstancia pone en evidencia, como ya denunció en su momento COAG Castilla y León (UCCL – COAG) la ineficacia del acuerdo del gasóleo alcanzado a finales del 2004 que algunos corrieron a firmar asegurando que era la “salvación” del sector. El paso de tiempo, muy poco en este caso, ha demostrado que las medidas del Gobierno no eran más que un ligero parche a una situación que demanda soluciones estructurales.

Así, esta circunstancia sólo sirve para reforzar los planteamientos de esta Organización en el sentido de que los Agricultores y Ganaderos a Título Principal deben tener un gasóleo profesional para desarrollar su actividad. Desde COAG Castilla y León (UCCL – COAG) se demanda el establecimiento de una serie de medidas a favor de los ATPs:

• Supresión del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que en la actualidad viene a gravar aproximadamente con 0,078 euros por litro (13 pesetas) como permite para la agricultura la Directiva Comunitaria (Portugal, Francia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo y Bélgica tienen un Impuesto Reducido y el pasado año la Comisión aceptó rebajar el carburante de mercancías por carretera durante dos años a Francia, Holanda, Italia y Bélgica).
• Reducción del 16 al 7% para el IVA aplicable al gasóleo agrario que recoge la Directiva Comunitaria 77/92 (Portugal, Reino Unido, Luxemburgo e Italia aplican tipos reducidos de IVA al Gasóleo B).
• Eliminación de la Tasa de Minoristas que cobra la Junta de Castilla y León que equivale a 1 peseta por litro (0,006 euros)
• En el IRPF, exigimos una bajada de los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva por módulos, así como una elevación del porcentaje de reducción de gatos por difícil justificación del 5 al 15% en el régimen de estimación directa.
• Disminución de otros costes de nuestras explotaciones que son susceptibles de ser minorados por la Administración como ocurre en el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Valladolid, jueves 3 de marzo de 2005