Sevilla, 11 de marzo de 2005.- ASAJA-Andalucía ha recibido con indignación un borrador de la Orden remitida por el Ministerio de Agricultura y Pesca para consulta de las organizaciones agrarias al objeto de modificar la orden ministerial de 10 de febrero, publicada en el BOE del día 18 de febrero, sobre la limitación de superficie de cultivo de algodón a efectos de las ayudas de la campaña que se está sembrando.

Se trata de una orden totalmente extemporánea que provoca inseguridad jurídica y enormes pérdidas económicas, pues la mayoría de los algodoneros han declarado ya las parcelas que van a sembrar o están sembrando de algodón en función de la Orden de 10 de febrero, han hecho sus inversiones de siembra (semillas, abonos…), han aplicado herbicidas y se encuentran preparando las tierras.

Para mayor desatino, la normativa comunitaria exige que antes del 31 de enero se comuniquen las decisiones a las autoridades comunitarias, circunstancia que no se ha cumplido y que provocará que la orden sea anulada por la Comisión Europea, tras haber causado un enorme caos y una gran inseguridad jurídica entre los algodoneros andaluces.

Con esta orden, el Ministerio de Agricultura contraviene la del 10 de febrero en la que se establecía que “para tener derecho a la ayuda a la producción de algodón la fibra debe proceder de parcelas catastrales en cuyas superficies agrícolas se haya sembrado algodón con derecho a ayuda al menos una vez en alguna de las campañas 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 ó 2004/2005”.

Este nuevo borrador de orden pretende reducir este período y excluir del derecho a la ayuda a los algodoneros que no hayan sembrado en alguna de las últimas cuatro campañas. Por lo que contraviene a la orden inicial, y deja fuera a un buen número de algodoneros, que según al orden del 10 de febrero tendrían derecho a sembrar algodón en la presente campaña.

Se trata de una orden injusta y totalmente extemporánea, por lo que desde ASAJA-Andalucía exigimos al Ministerio de Agricultura la inmediata retirada del proyecto de borrador de Orden, toda vez que este cultivo ya ha quedado regulado por la Orden de 10 de febrero del propio MAPA.

Asimismo, hacemos un llamamiento al consejero de Agricultura y Pesca para que vele por la seguridad jurídica, el rigor técnico y los intereses económicos de los agricultores andaluces.