Tal y como se acordó en la última reunión del grupo de contacto ajo del Comité Mixto Hispano-Francés de Frutas y Hortalizas, los representantes del sector español, a través de la Mesa Nacional del Ajo cuyo portavoz es José Santiago Rodrigo Zarco, han enviado una misiva a la Ministra de Agricultura, Elena Espinosa, para solicitarla que el Ministerio de Agricultura, en unión con los profesionales de ambos países, haga valer de cara a la próxima reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas –prevista para finales de este año- las propuestas favorables del Parlamento Europeo para salvar la situación de crisis que atraviesa el sector del ajo en la Unión Europea, y que afecta de forma directa y trágica a las producciones de Castilla-La Mancha, principal productor español de ajo.

Concretamente, el Parlamento Europeo ha emitido un informe y propuesta de resolución relativa a la simplificación de la organización común de mercado de frutas y hortalizas y “considera la necesidad de abordar problemáticas muy puntuales en productos que sufren de forma reiterada la presión de las importaciones de países terceros poniendo en riego su supervivencia y pide, por otra parte, a la Comisión Europea que estudie seriamente la introducción de una ayuda específica para los productos que se encuentren en situaciones críticas como consecuencia de las importaciones de países terceros, como los ajos, entre otros”.

Esta nueva petición del sector del ajo, se suma a las ya reiteradas de control de las importaciones de ajos a la UE por países terceros, tras constatar, desde la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la UE “el significante aumento del comercio fraudulento de ajo por parte de ciertos exportadores”.

Del mismo modo, el sector del ajo español y francés, ha solicitado a sus respectivos ministerios de Agricultura que el nuevo Reglamento relativo a las importaciones de terceros países, actualmente en proceso de elaboración, permita evitar la irregularidades constatadas a través de nuevas medidas como el aumento del importe de la fianza y de su naturaleza, que además debe ser permanente. En este mismo capítulo, y para mejorar dicho Reglamento, el sector entiende y ve necesario por tanto, que los años de referencia para el cálculo de las cantidades de los importadores tradicionales de ajo continúe siendo de 1998 a 2000; también la obligación de proporcionar certificados de origen en aquellas importaciones procedentes de terceros países involucrados en operaciones de desvío de tráfico; la instauración de un sistema de penalizaciones en caso de solicitud y/o de declaración falsa, engañosa o inexacta de un importador y la modificación de la distribución de las cantidades entre importadores tradicionales y nuevos del 90/10 en vez del 70/30.

12 de abril de 2005