El Juzgado de Instrucción nº 4 de León ha dictado un Auto acordando continuarse la tramitación como procedimiento abreviado, a raíz de las Diligencias Previas seguidas por denuncia de varios ganaderos de ASAJA contra Concepción Fernández Rodríguez y José María García Fernández como administradores de la empresa Rofer. La denuncia fue formulada en su día porque la empresa había retenido a los ganaderos los importes correspondientes a la supertasa láctea de la campaña 2002/03, pero sin embargo no fueron ingresados en el Tesoro Público, como era obligación. Debido a que no se ingresaron, después no se le pudieron devolver a los ganaderos por parte del FEGA al no producirse sobrepasamiento de cuota lechera en esa campaña.

La Fiscalía considera en su escrito que los hechos denunciados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, considerando procedente una pena de dos años de prisión, así como que indemnicen a los cinco ganaderos con una cantidad global de 17.539,57 euros. Todo esto sin perjuicio de las calificaciones que hagan los abogados de los ganaderos, el despacho jurídico Alvarez Higuera con el que trabaja habitualmente ASAJA.

La empresa quesera Rofer entró en suspensión de pagos en marzo de 2003, dejando en ese momento la actividad y por tanto la recogida de lecha a 70 ganaderos que todavía tenía como proveedores. Después del proceso de suspensión de pagos, en el que fue imposible reflotar la empresa, se entró en quiebra, celebrándose Junta de Acreedores en febrero de 2005. La deuda en ese momento era de 2 millones de euros, de los cuales 700.000 correspondían a ganaderos. Aunque el proceso sigue abierto, las posibilidades de cobro se redujeron desde el momento en el que las entidades bancarias (Banco Simeón) sacaron a subasta los bienes hipotecados, cobrando éstas y las administraciones públicas, y quedando a la cola, como siempre ocurre, el resto de proveedores, mayoritariamente ganaderos. Las instalaciones siguen cerradas desde marzo de 2003, y parece improbable que en las mismas se pueda volver a reiniciar una actividad de procesado de leche.

León, 26 de enero de 2006.