Cuatro años después de la aprobación de la normativa nacional que regula la producción agrícola integrada (Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre) sigue sin cuajar su puesta en marcha. Los pocos productos que se ven en los mercados corresponden a las etiquetas propias de algunas Comunidades Autónomas, que en algunos casos han apoyado fuertemente este proceso con ayudas agroambientales, publicidad institucional y subvenciones para los gastos que ocasiona a las empresas que participan.
El Ministerio de Agricultura elaboró un nuevo borrador de decreto que sustituiría al anterior, armonizando los diferentes enfoques autonómicos y con la voluntad de avanzar hacia un reconocimiento comunitario de esta forma de producción. Este borrador fue enviado a las Consejerías de Agricultura y a las organizaciones representativas del sector a primeros de año, pero todavía no ha sido aprobado.
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