2 de marzo de 2007. El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) está trabajando sobre la denuncia interpuesta por nuestra organización a finales de enero, en la que pedíamos que investigase a fondo la supuesta concertación de precios impuesta por las industrias que operan en el mercado del girasol.

En este sentido la documentación aportada en su día por UPA en la que se demuestran las prácticas que bajo nuestro punto de vista son ilegales, está siendo complementada actualmente con más documentos recabados por el Tribunal. Estas actuaciones responden a la saludable labor de investigar detalladamente las prácticas que en materia de libre competencia podrían haber incurrido las industrias.

UPA valora muy positivamente que el Tribunal de Defensa de la Competencia esté procediendo a recoger más datos sobre la comercialización de la pipa de girasol en la campaña 2006/2007 en nuestra comunidad autónoma. Con ello se da un paso más en este mecanismo puesto en marcha a instancias de UPA, a fin de aclarar los suficientes indicios que hay sobre las prácticas de abuso de los operadores del mercado contra los productores de girasol, tal y como hemos denunciado desde nuestra organización.

Confiamos en que el Tribunal siga con sus investigaciones y así se puedan demostrar las conductas prohibidas en las que han incurrido los denunciados en base al artículo 1 de la Ley 16/1989 del 17 de julio de Defensa de la Competencia.

Por otro lado UPA lamenta que las industrias integradas en Afoex no hayan aclarado públicamente nada sobre la concertación de precios o sobre el modo tan peculiar en el que se han presentado muchas facturas donde figuran valoraciones de humedad, impureza y grasa de la pipa de girasol de análisis que no se realizaron porque las pertinentes muestras jamás se tomaron.

La única explicación oficial dada hasta la fecha por las industrias no sólo no aporta nada de claridad, sino que ahonda la suma preocupación que tiene nuestra organización porque continúen las habituales prácticas abusivas que se cometen en la fijación de precios. Para UPA esta actitud refleja la nula intención que tienen los operadores del mercado por solucionar un problema que afecta gravemente las economías de los cultivadores de la región.