Madrid, 24 de mayo de 2007. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha mantenido una reunión junto con el resto de las organizaciones agrarias y otros sectores afectados con representantes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Industria, para tratar sobre la entrada en vigor a partir del próximo 1 de julio de las nuevas tarifas eléctricas para riego que podrían suponer incrementos en los costes de producción de hasta el 300% para el sector agrario.
La organización considera positiva la reunión, aunque no se ha conseguido de momento el objetivo de establecer una nueva moratoria para la entrada en vigor de las nuevas tarifas para riegos. UPA estima que se ha producido un cambio de actitud por parte de la administración que ha tomado conciencia de la grave situación por la que atraviesa el sector agrario con un proceso de reestructuración en algunos sectores como la remolacha, el algodón, las frutas y hortalizas o el vino que hacen que un cambio como el que se propone en el régimen tarifario de la electricidad supusiera un elemento definitivo para el abandono de miles de explotaciones familiares agrarias, por inviabilidad económica para seguir en la actividad.
UPA ha transmitido a la administración lo injusto de esta medida que supondría un freno al proceso de modernización y cambio introducido en los sistemas de riego de miles de explotaciones agrarias. Igualmente ha trasladado las consecuencias socioeconómicas que una medida como la planteada podría tener sobre amplias zonas de España. Por otro lado, esta petición en términos económicos globales no supone ninguna dificultad para el Gobierno ya que la facturación que se realiza por el régimen especial de riegos no supone nada más que el 1,03% de la facturación total eléctrica. La organización considera muy positiva la constitución de una mesa de trabajo con todos los sectores implicados para analizar como se realizará la transición hasta la liberalización del mercado. Mientras tanto los representantes de la administración se han comprometido a trasladar a los ministerios implicados la petición de nuevas moratorias y UPA confía en que se prolonguen hasta que la liberalización del mercado de la energía sea real y efectiva
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