Madrid 11 de junio de 2007.- La falta de coordinación en materia de lengua azul entre las distintas comunidades autónomas esta generando una situación insostenible, al crear serios agravios comparativos entre los ganaderos de las diversas zonas de España.
Lamentablemente, el Ministerio de Agricultura, no quiere o no puede ejercer sus competencias en materia de coordinación general de la sanidad, con el resultado de actuaciones enormemente dispares entre los gobiernos autonómicos, en cuanto a realización de chequeos a animales procedentes de las zonas libres de países europeos afectados.
En relación con este movimiento de animales, ciertas comunidades autónomas no realizan acción alguna en animales que proceden de zona libre de otros países, cumpliendo así las decisiones comunitarias al respecto; otras realizan el chequeo de un porcentaje de todos los animales que están en sus territorios, e incluso realizan chequeos diferentes según vengan de unos países u otros. Por último existe una comunidad autónoma que lleva desde noviembre del 2006 chequeando el 100% de los animales que proceden de zonas libres de países afectados (más de 1000 Km desde los focos a las zonas de origen de los animales) y no solamente una, si no hasta dos veces.
No parece ni lógico ni ético, además de causar un grave perjuicio económico, que por una parte se le pida a la Comisión una actuación coordinada para la prevención y el control de la enfermedad y, por otra, las propias CCAA establezcan sus propias reglas (con controles innecesarios o excesivos en función de un mínimo análisis de riesgo).
Por otra parte, en España se ha establecido la obligatoriedad de vacunar en zonas restringidas aquellos animales susceptibles de trasmitir la enfermedad, pero, al no haberse reflejado el correspondiente plan vacunal en el BOE, cada comunidad autónoma está actuando libremente. Mientras algunas vacunan a los animales cada 6 meses – incluidos aquellos que van a ir a matadero-, otras, argumentando la dificultad de concentrar a los animales, retrasan la vacunación para hacerla coincidir con las campañas anuales de saneamiento del ganado.
ASOPROVAC recuerda a los responsables de sanidad de los gobiernos autonómicos implicados que, el impacto económico de actuaciones tan injustificadas como estas, merma innecesariamente la rentabilidad y competitividad de sus ganaderos frente al resto de productores españoles y de otros países, tanto por el coste directo que suponen los chequeos, como por el estrés que generan en los animales y en los ganaderos afectados.
Por este motivo, la Asociación exige a las administraciones públicas que reaccionen, se coordinen y abandonen la toma de decisiones unilaterales en la gestión sanitaria de este tipo enfermedades.
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