Madrid, 24 de julio 07. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, denuncia que la desregulación y liberalización de los mercados, base de las últimas reformas de la PAC, está ahogando al sector agrario.
Durante los últimos años las explotaciones ganaderas están soportando un continuado aumento de los costes de producción. La actual coyuntura del mercado de materias primas para la alimentación del ganado ha supuesto un incremento del 25% del precio de los piensos, un nuevo aumento de los costes que puede ser la puntilla para miles de explotaciones ganaderas en España. Teniendo en cuenta esta delicada situación, desde COAG se solicita a la industria cárnica que se traslade este nuevo aumento de los costes a los precios que percibe el ganadero por sus productos ya que, de no ser así, en muchos casos se verán obligados a vender a un precio por debajo de los mismos.
Asimismo, desde esta organización se exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que tome cartas en el asunto de forma inmediata para evitar la desaparición de más explotaciones ganaderas en nuestro país.
El aumento de la demanda de cereales de los denominados países emergentes y el consiguiente descenso de las reservas mundiales y la presión ejercida por el desarrollo de los biocombustibles han influido, entre otras causas, en la tendencia alcista de los precios de las materia primas que se utilizan para la elaboración de piensos utilizados en la alimentación animal. Además, esta espiral está siendo animada por la entrada de capital especulativo en el mercado cerealístico, con subidas de hasta un 100% en el apartado de materias primas de la Bolsa de Chicago.
Desde esta organización se han venido denunciando de forma reiterada los efectos negativos que la nueva orientación de la PAC puede tener para el sector agrario en particular y para los consumidores en general. Es necesaria una política europea coherente relativa a la disponibilidad de las materias primas, (prioridad a las producciones agroalimentarias frente a las energéticas), garantizar cierta estabilidad de los precios manteniendo instrumentos de gestión de mercado y permitir la aceptación de los retos de una agricultura social y sostenible, que deben ser remuneradas como servicio público que son.
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