Aguado advierte que “no se está valorando las graves consecuencias que la liberalización tendría en el campo”, que ya sufre la subida del gasoil, de los fertilizantes y una crisis estructural

Valencia, 29 de mayo de 2008.- La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lamenta la “insensibilidad” que volvió a demostrar el Gobierno central ayer durante la reunión mantenida con los representantes nacionales de las asociaciones agrarias y de los regantes para abordar la liberalización, el próximo 1 de julio, de las tarifas eléctricas. Tras negarse a tratar el problema durante más de un año, los altos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del departamento de Industria se limitaron a prometer que, a lo sumo, las tarifas especiales de riego que vencen en tal fecha se podrían prorrogar entre un mes y tres. “Quiero pensar que la Administración central no ha valorado las graves consecuencias que esta subida tendrá y que rectificará, porque al incremento de esta factura hay que sumar la subida del gasoil, la de los fertilizantes y la propia crisis estructural que arrastramos desde hace años”, advierte el presidente de esta asociación, Cristóbal Aguado

Los altos funcionarios de sendos ministerios, no sólo descartaron la prórroga de un año que reclama unánimemente el sector, sino que tampoco aceptaron las alternativas propuestas para compensar a los regantes por una subida de la factura de la luz que, en el mejor de los casos, llegará al 30% y que –como ya denunció AVA-ASAJA- en el caso de la Comunitat podría suponer duplicar los costes del riego. A este respecto, se mostraron escépticos también a la hora de aprobar un IVA reducido (del 16 al 7%) similar al establecido para al gasoil agrícola y que, por cierto, ya aprobó Italia, así como a introducir fórmulas para dotar de una mayor flexibilidad a la potencia contratada. De cualquier manera y pese a la proximidad de la fecha de contratación, las partes acordaron mantener las conversaciones.

La liberalización supone pasar de comprar la electricidad mediante la tarifa especial a adquirirla en el mercado directamente a las compañías distribuidoras, lo que representa “un cambio de enorme calado para muchas comunidades de regantes que en una negociación con las poderosas empresas eléctricas nos encontramos en clara posición de desventaja y además, con un tiempo mínimo para la negociación”, explica Aguado quien advierte, además, que el cambio resulta especialmente “inoportuno” no sólo por el contexto de crisis económica en la que se da, sino también porque “la subida se cebará especialmente con la agricultura que más esfuerzo ha hecho por ahorrar agua y que ahora más sufre las consecuencias de la sequía y podría llegar incluso a pensarse que primará a aquellos que no consumen luz pero sí mucha agua y que en su momento no modernizaron sus sistemas de riego”.