26,jun,’08.- El portavoz agrario del PP en el Senado, José Cruz Pérez Lapazarán y el senador del PP por Valencia, José María Chiquillo, que ha sido el encargado de defender la moción, aprobada este martes en el Senado, en la que se pedía al Gobierno la ampliación de la prórroga de la tarifa especial eléctrica para el riego en las explotaciones agrícolas y ganaderas, han exigido hoy al Ejecutivo, que de forma urgente apruebe el mandato del Senado en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana viernes.
Los senadores del PP han recordado que tras más de un año de inacción del Gobierno, el próximo 1 de julio se hará efectiva la eliminación de la tarifa de riegos de carácter especial. “Esto no puede suceder porque el Gobierno tiene la obligación de atender al mandato del Senado, que a través de la moción antes citada, exige al Ejecutivo la ampliación de esta prórroga. Desde el PP hacemos un llamamiento urgente para que el mandato del Senado se cumpla”, ha apostillado José Cruz Pérez Lapazarán.
José María Chiquillo, que defendió esta moción presentada por el PP en el Pleno del Senado, ha afirmado que esta demanda la están pidiendo a gritos todos los sindicatos, las asociaciones agrarias y las comunidades de regantes en su totalidad, porque no olvidemos, que estamos hablando de una medida que, de no ser prorrogada por el Gobierno, supondría una pérdida de 50 millones de uros para los sectores implicados y lo que es peor aún, apretar todavía más si cabe y poner contra las cuerdas a éstos en su ya precaria situación actual.
Del mismo modo, los senadores del PP han recordado que esta prórroga de dos años al actual sistema de tarifas eléctricas oficiales para todo el sector agrario, permitiría ordenar, dar transparencia y promover la libre competencia en el mercado de las eléctricas dirigido al sector agrario. José María Chiquillo ha recordado también que esta medida no es caprichosa y que ya existen dentro de la Unión Europea que la han aplicado, como es el caso de Italia.
Pérez Lapazarán ha criticado con dureza la decisión tomada por el Gobierno de Zapatero para eliminar, a partir de julio de este año, las tarifas oficiales eléctricas para riego. En su opinión, esa decisión, que se tomó sin articular ningún mecanismo de transición a un mercado en el que la libre competencia pueda ser una realidad, aboca al sector a someterse a las condiciones de precio que las grandes eléctricas quisieran imponer.
Para finalizar, José María Chiquillo ha asegurado que además con la supresión de las tarifas especiales, el Gobierno está poniendo en grave peligro la modernización de nuestros regadíos, concretamente, más de un millón de hectáreas se verían afectadas”.
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