UPA ha solicitado a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, que al igual que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, la Administración regional asuma el coste del certificado veterinario que volverá a aplicarse a partir del 3 de noviembre.

Nuestra organización recuerda que este documento supondrá una nueva carga económica al ganadero, dado que incomprensiblemente se volverá a exigir, tras suspender cautelarmente la Audiencia Nacional la Orden del 5 de octubre de 2007 del Ministerio de Presidencia por la que se eliminaba este certificado

Actualmente, los ganaderos de Castilla y León están atravesando una de las crisis económicas más graves de los últimos veinte años, debido a varios factores, todos ellos muy perjudiciales para los intereses del sector productor.

En primer lugar, los precios de la carne y de la leche están a unos niveles por debajo del umbral para garantizar la rentabilidad en las explotaciones.

Además, el precio de los piensos sigue sin bajar colocando a los ganaderos en una situación muy delicada, mientras padecen el problema añadido de la lengua azul, y el no menos preocupante descenso del consumo de la carne debido a la crisis económica actual.
Todas estas circunstancias están provocando serios perjuicios al sector ganadero de Castilla y León, especialmente afectado en los últimos años por situaciones adversas desde el punto de vista de la rentabilidad.

UPA ha expuesto a la consejera de Agricultura la situación actual y ha pedido que muestre especial sensibilidad por un sector que demanda soluciones concretas por parte de las administraciones competentes.

Para nuestra organización, una muestra de responsabilidad por parte del Gobierno regional sería que se liberara a los ganaderos del coste del certificado veterinario. Consideramos que debería asumirse desde la propia Junta de Castilla y León mediante acuerdos con el Colegio Veterinario, tal y como ya se está haciendo en otras Comunidades Autónomas.