La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha quiere mostrar su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo por el que anula el decreto del Gobierno central sobre los efectos de la sequía, tras estimar un recurso interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Tribunal Supremo expresa esta decisión, visto los autos del recurso administrativo nº115/5 promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha frente a la Administración general del Estado, contra el Real Decreto 1265/2005 del 21 de octubre por el que se adoptan medidas administrativas para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuenca hidrográficas, y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar Segura y Tajo.
De ese modo desde UPA nos gustaría recordar que la Junta impugnó el Real Decreto por un sólo motivo: no haber sido oídas las juntas de gobierno de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, del Segura y del Tajo en el proceso de elaboración del Real Decreto. Por ello consideramos que se pone de manifiesto que en aquel entonces se tomaron decisiones sin tener en cuenta a ninguno de los afectados ni fueron oídas las partes.
En este momento UPA Castilla-La Mancha confía en conocer pronto el contenido de la sentencia para ver los efectos reales de la misma para los regantes castellano-manchegos. El acceso al agua es fuente de riqueza y evita la ruina y abandono de las explotaciones agrícolas de la región. Además, contribuye a asentar población en nuestros pueblos y evitar el éxodo y envejecimiento de la población rural.
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