5 de marzo de 2009. La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha solicitado a las diferentes administraciones agrarias que pospongan en unos casos y condonen en otros las cuotas que tienen que pagar los regantes hasta que la situación económica se normalice. En este contexto de situación económica global, donde el sector agrario padece su crisis particular con una caída de rentabilidad que está llevando a la mayoría de explotaciones a pérdidas, es imprescindible que se adopten medidas para reducir gastos y evitar la quiebra. En la agricultura de regadío dependiente de aguas superficiales, un coste importante es el referente a las tarifas de riego, canon de riego y cuotas de amortización de obras, que representan en conjunto una media de más de 250 euros por hectárea y año – en algunas zonas regables la cifra sobrepasa los 500 euros –. Las administraciones beneficiarias de estas cuotas son la Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y en menor medida la consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta.

La agricultura de regadío en Castilla y León se basa mayoritariamente en explotaciones de cereales de invierno, maíz, patatas, remolacha y forrajes. Estas explotaciones, que ya de por sí tienen una rentabilidad muy ajustada, están afrontando campañas de altos costes de producción y caídas de bruscas de los precios. Si en el secano se han dejado de cultivar más de un 20 por ciento de las tierras respecto al año anterior, porque a los agricultores no le salen las cuentas, nos podemos encontrar con una situación similar en el regadío si no se toman una serie de medidas como ésta que propone ASAJA, a sabiendas que son “un parche” hasta que la situación se normalice.

En la Cuenca del Duero, mayoritaria en Castilla y León, están contabilizadas unas 255.000 hectáreas regadas con aguas superficiales; a esta cifra habría que sumar las aportaciones más minoritarias de las cuencas del Tajo, Ebro y Norte.