Si bien el pasado 7 de mayo se publicó en el BOE la Orden ARM/1163/2010, que en resumen dice que “el MER se produce a partir del momento de sacrificio del animal en matadero, momento de inicio de la generación de los subproductos y de la correspondiente repercusión de costes hacia delante de la cadena alimentaria”, lo que en principio iba a eximir a los ganaderos de asumir este coste, lo cierto un mes después es, según quiere denunciar ASAJA Huesca, los mataderos y sus asociaciones, siguen abusando de su posición dominante repercutiendo ese coste a los ganaderos.

Para ASAJA Huesca, hay que denunciar ante la administración y la opinión pública que a pesar de la publicación de esta Orden, los mataderos y sus asociaciones, no están dispuestos a perder tan suculento pastel y están cambiando coordinadamente el concepto en las liquidaciones para seguir cobrando lo mismo o más si pueden. En muchos casos están haciendo firmar a los ganaderos un contrato por el que les descontaran un 1 % por pronto pago para enmascarar el cobro del MER, por que el plazo de pago es el mismo que antes de la publicación de la Orden. ASAJA Huesca denuncia que es mucho más fácil, seguir abusando de miles de ganaderos en crisis que repercutir 6 € por animal a los fuertes grupos de la distribución. Esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y el Tribunal de Defensa de la Competencia tomen cartas en el asunto y no permitan este fraude de ley y evidente posición de dominio de los mataderos sobre los ganaderos.

Desde el año 2001 que apareció el problema de la EEB, en toda Europa se hizo obligatoria la retirada de la medula espinal y otros órganos de todos los bovinos sacrificados, los famosos MERs (materiales específicos de riesgo). Esta operación tiene unos costes por animal inferior a los 6 euros, pero en aquellos momentos de crisis, los mataderos comenzaron a descontar en la liquidación a los ganaderos cantidades desorbitadas, llegando en algunos casos a los 36 euros por animal. En España se matan unos 2.400.000 bovinos, que a una media de abuso de unos 12 euros, supone una penalización a los ganaderos de más de 30 millones de euros anuales.